lo que pasa en estos días
"Todo tiene que ver con todo. Hacer el ejercicio de traer información disponible y tamizarla con lo que pasa en estos días nos aclara por donde pasan muchas de las cuestiones actuales."
http://nestornautas.blogspot.com.ar/2016/01/recordar-para-entender.html
viernes, 15 de enero de 2016
Verbitsky en Página 12 (5.12.2010)informó: “Hace diez meses, en esta página se describió la operación contra Aníbal Fernández impulsada por el jefe del Sedronar, el odontólogo patagónico José Granero, quien no sólo abasteció de datos tendenciosos a la embajada, sino también a Elisa Carrió, de la CCL, y a Graciela Camaño, del Peronismo opositor. Las cámaras federales de la Capital y de San Martín ordenaron que se investigara al jefe de la Sedronar. La primera le atribuyó “fallas notorias en los procedimientos de control” de precursores químicos. Un procesado en la causa Ascona obtuvo su inscripción presentando una fotocopia de su DNI, y la Secretaría ni siquiera constató si sus domicilios declarados eran reales.
También se otorgaron los certificados de importación sin averiguar “cuáles eran las empresas que adquirirían la efedrina”. La de San Martín fue aún más directa: Granero “no habría cumplido con el ejercicio del poder de policía”, por lo cual ordenó que se lo indagara como partícipe en los delitos con estupefacientes investigados en la causa Poggi. También compromete a Granero la causa que lleva el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a raíz del hallazgo de más de siete kilos de cocaína en la puerta de una camioneta del Sedronar. Granero dijo que provenía de un procedimiento realizado en Santa Fe, pero ni el tipo de producto ni su envase coincidían. Ya han sido procesados dos de sus colaboradores y Granero ha logrado postergar ese destino mediante una serie interminable de chicanas, primero en la Cámara de Casación, que retuvo el expediente más de un año, y ahora en la justicia federal de Quilmes, ante la que apeló la citación a indagatoria, una anomalía jurídica. El informe del Departamento de Estado encomia la tarea del Sedronar y lamenta que carezca de recursos suficientes para cumplirla, de lo cual culpa a la débil coordinación con el Ministerio de Justicia.
En la investigación de Elisa Carrió sobre presuntas vinculaciones gubernamentales, políticas y comerciales con el “Narcotráfico y el crimen organizado”, se mencionan “maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la Sedronar en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias”. Como fuente, Carrió sólo menciona una visita de Granero al Congreso.
La respuesta de la Comisión a la embajada recuerda que las competencias de la Sedronar fueron fijadas por decreto, “de rango inferior a las leyes, lo que el informe desconoce”, y que las responsabilidades competen en realidad a los ministerios de Salud, de Justicia y a la jefatura de gabinete. Agrega que “...la Sedronar carece de competencias para intervenir en procedimientos judiciales, si interviene las causas judiciales son nulas; tampoco puede dar órdenes a las fuerzas de seguridad ni tiene competencia para relacionarse con los magistrados y menos puede ordenar a los ministros”.
Ése órgano de jerarquía inferior fue colocado en la órbita de la presidencia durante el gobierno de Néstor Kirchner, según un diseño del especialista en lavado de dinero Juan Félix Marteau, asesor en la materia del FMI. La embajada lo menciona como una de sus fuentes. Luego de ser relevado de su cargo por CFK pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las causas que se le abrieron por lavado de dinero.
En su estudio trabaja María Celeste Plee, la hija del fiscal anti-lavado Raúl Plee. El gobierno contraatacó, relevando a la titular de la UIF, Rosa Falduto, pero ahora debe enfrentar los embates contra su sucesor, José Sbatella, quien no es un especialista en la materia pero de quien nadie puede sospechar que trabaje en contra de los intereses del país, en colusión con enemigos internos y potencias externas....”
Leídas ahora sus afirmaciones permiten ser consideradas en perspectiva y vinculadas a distintos temas de actualidad:
- la operación mediática que pretende vincular a Aníbal F con el tráfico de efedrina es de vieja data;
- la habría filtrado tendenciosamente Granero;
- la Embajada de EEUU procesó el pescado podrido y se lo dio en grageas a Elisa Carrió y otros;
- para Carrió eso fue suficiente para tener por cierto y denunciar;
- su actualización publicitaria ahora, descontextualizada y cuando los presos se les escaparon a los macristas, es agigantada de manera directamente proporcional a su inconsistencia por todos los funcionarios en ejercicio, que pasaron pública vergüenza (están tan sucios que perdieron todos los escrúpulos, si no relean lo dicho por Ritondo);
- el especialista en lavado de dinero Juan Félix Marteau, asesor en la materia del FMI, asesoró a Néstor Kirchner;
- el estudio de Marteu se pasó de asesorar a entes de naturaleza pública internacional o nacional a hacerlo con personas físicas y jurídicas denunciadas por lavado;
- miembros de su estudio o profesionales directamente vinculados a Marteau están propuestos por el Ministerio de Justicia para cooptar la Unidad de Investigación Financiera (de presidente, Mariano Federici, asesor del FMI, consejero de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera presidida por Marteau; de vicepresidenta, María Eugenia Talerico, abogada defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos; de directora de supervisión, María Celeste Plée; de Secretario Ejecutivo, Ignacio Hagelstron y de Director de Asuntos Jurídicos, Federico Di Pasquale;
- Juan Félix Marteu representa directamente a varios –y coordina la estrategia defensiva del conjunto- de los denunciados a partir de la filtración de Hervé Falciani;
- con esto se desarticula el andamiaje operativo de la gestión de Sbatella, que se había hecho cargo de las posibilidades que brindaban las normas anti-lavado aprobadas durante la gestión kirchnerista y las había aprovechado para acciones concretas en la lucha contra el delito (para ver la evolución normativa consultar acá);
- si no se ha avanzado más sobre el particular, se debió al entramado judicial connivente con el poder económico y financiero, y la complicidad mediática (el grupo Clarín es uno de los denunciados) y legislativa de los parlamentarios que antes eran opositores y ahora son oficialistas.
Todo tiene que ver con todo. Hacer el ejercicio de traer información disponible y tamizarla con lo que pasa en estos días nos aclara por donde pasan muchas de las cuestiones actuales.
Ver más información sobre el tema de los propuestos para la UIF, acá.
Publicado por La Corriente Kirchnerista de Santa Fe
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-289823-2016-01-08.html
Por Raúl Dellatorre
Los nombres propuestos por el Ministerio de Justicia para ocupar la presidencia y vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) resultaron impugnados por una organización dedicada a la prevención y persecución de la criminalidad económica, Cipce. En su impugnación, dicho centro de investigación sostuvo que los postulados, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, se encuentran “incursos en un conflicto de intereses insoslayable e insuperable”, ya que integran, o integraron, un bufete de abogados encabezado por Juan Félix Marteau “dedicado precisamente al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”. Entre sus clientes figura el Banco Masventas SA, “que resulta ser el sujeto obligado que cuenta con más sanciones por parte de la UIF”. Talerico, además, es mencionada como “abogada defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos, siendo éste el banco que ha recibido multas más significativas por haber incumplido la normativa antilavado”.
“Con las nuevas autoridades que se proponen, la UIF pasará a ser manejada por un equipo de personas que hasta ahora se han desempeñado como defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos”, señala Cipce en su impugnación. “La mayoría de estos profesionales se agrupan en torno a la figura del abogado Juan Félix Marteau, cuyo estudio jurídico se dedica, precisamente, al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”. Menciona “su actuación como defensor del banco Masventas SA”, y que “se ha hecho público que tiene como clientes al JP Morgan y a Clarín en las respectivas causas por lavado de dinero que se siguen contra esas empresas”.
Con respecto a los candidatos propuestos, señala que “Mariano Federici, además de ser asesor del FMI, es consejero de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera presidida por Marteau”, mientras que María Eugenia Talerico “se ha desempeñado como abogada defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos”. Cipce advierte que “en la declaración jurada presentada por Talerico en el marco de este proceso de selección, no se menciona al HSBC entre las personas jurídicas que ha tenido como clientes en los últimos años; sin embargo, entre las personas físicas, el último nombre que figura es el de Gustavo Peccora, y entre paréntesis se aclara HSBC Bank Argentina SA. Curiosamente, es la única persona física para la cual se hace una aclaración de este tipo”. Cipce requirió, a través del Ministerio de Justicia, que la UIF “informe si Talerico tuvo actuación como abogada defensora del HSBC en alguna causa o sumario”.
“En caso de que estos requerimientos de información lograran demostrar que, en el último año, Talerico ha defendido en alguna actuación de la UIF a cualquier persona física o jurídica, esto significaría automáticamente la imposibilidad de que la candidata ocupe la vicepresidencia del organismo.”
Cipce menciona que, dentro del mismo entramado de relaciones, aparecen otros profesionales que ocuparían cargos relevantes en la próxima gestión de la UIF, también vinculados a Juan Félix Marteau: María Celeste Plée (sería directora de Supervisión), Ignacio Hagelstron (iría al Secretariado Ejecutivo) y Federico Di Pasquale (ocuparía la Dirección de Asuntos Jurídicos).
A criterio del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, “el problema reside en que mediante la designación en la UIF de profesionales que se dedican a estas actividades, el principal organismo públicos encargado de prevenir y perseguir el lavado de dinero será conducido por los defensores de los acusados por lavado. El conflicto de intereses es alevoso y grosero”.
Recuerda que la Oficina Anticorrupción, “uno de los principales organismos de control de los conflictos de intereses en la función pública”, entiende que éste se verifica “cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña”. Y agrega, como conclusión: “Creer que una persona puede pasar, automáticamente, a perseguir de manera eficaz a los sujetos cuyos intereses ha defendido durante años es, francamente, iluso”.
http://nestornautas.blogspot.com.ar/2016/01/recordar-para-entender.html
viernes, 15 de enero de 2016
RECORDAR PARA ENTENDER
En estos días donde los Lanatta y Schilacci se escaparon de un penal de máxima seguridad después de haber sido útiles a la campaña de la AlianzaPROcambiemos; que vimos los papelones de los gobiernos de Macri y de Heidi en los intentos por recapturarlos; que se multiplican operaciones de propaganda para disimular esos papelones (efedrina, Granero, Anibal F., maldita policía y servicio penitenciario, Mallo, etc., etc.); que la gestión del Estado es transferida a los representantes del poder económico concentrado; que las unidades de investigación de delitos son asignadas a los profesionales de los investigados, conviene detenerse un poco, recordar información disponible y sacar algunas conclusiones.Verbitsky en Página 12 (5.12.2010)informó: “Hace diez meses, en esta página se describió la operación contra Aníbal Fernández impulsada por el jefe del Sedronar, el odontólogo patagónico José Granero, quien no sólo abasteció de datos tendenciosos a la embajada, sino también a Elisa Carrió, de la CCL, y a Graciela Camaño, del Peronismo opositor. Las cámaras federales de la Capital y de San Martín ordenaron que se investigara al jefe de la Sedronar. La primera le atribuyó “fallas notorias en los procedimientos de control” de precursores químicos. Un procesado en la causa Ascona obtuvo su inscripción presentando una fotocopia de su DNI, y la Secretaría ni siquiera constató si sus domicilios declarados eran reales.
También se otorgaron los certificados de importación sin averiguar “cuáles eran las empresas que adquirirían la efedrina”. La de San Martín fue aún más directa: Granero “no habría cumplido con el ejercicio del poder de policía”, por lo cual ordenó que se lo indagara como partícipe en los delitos con estupefacientes investigados en la causa Poggi. También compromete a Granero la causa que lleva el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a raíz del hallazgo de más de siete kilos de cocaína en la puerta de una camioneta del Sedronar. Granero dijo que provenía de un procedimiento realizado en Santa Fe, pero ni el tipo de producto ni su envase coincidían. Ya han sido procesados dos de sus colaboradores y Granero ha logrado postergar ese destino mediante una serie interminable de chicanas, primero en la Cámara de Casación, que retuvo el expediente más de un año, y ahora en la justicia federal de Quilmes, ante la que apeló la citación a indagatoria, una anomalía jurídica. El informe del Departamento de Estado encomia la tarea del Sedronar y lamenta que carezca de recursos suficientes para cumplirla, de lo cual culpa a la débil coordinación con el Ministerio de Justicia.
En la investigación de Elisa Carrió sobre presuntas vinculaciones gubernamentales, políticas y comerciales con el “Narcotráfico y el crimen organizado”, se mencionan “maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la Sedronar en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias”. Como fuente, Carrió sólo menciona una visita de Granero al Congreso.
La respuesta de la Comisión a la embajada recuerda que las competencias de la Sedronar fueron fijadas por decreto, “de rango inferior a las leyes, lo que el informe desconoce”, y que las responsabilidades competen en realidad a los ministerios de Salud, de Justicia y a la jefatura de gabinete. Agrega que “...la Sedronar carece de competencias para intervenir en procedimientos judiciales, si interviene las causas judiciales son nulas; tampoco puede dar órdenes a las fuerzas de seguridad ni tiene competencia para relacionarse con los magistrados y menos puede ordenar a los ministros”.
Ése órgano de jerarquía inferior fue colocado en la órbita de la presidencia durante el gobierno de Néstor Kirchner, según un diseño del especialista en lavado de dinero Juan Félix Marteau, asesor en la materia del FMI. La embajada lo menciona como una de sus fuentes. Luego de ser relevado de su cargo por CFK pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las causas que se le abrieron por lavado de dinero.
En su estudio trabaja María Celeste Plee, la hija del fiscal anti-lavado Raúl Plee. El gobierno contraatacó, relevando a la titular de la UIF, Rosa Falduto, pero ahora debe enfrentar los embates contra su sucesor, José Sbatella, quien no es un especialista en la materia pero de quien nadie puede sospechar que trabaje en contra de los intereses del país, en colusión con enemigos internos y potencias externas....”
Leídas ahora sus afirmaciones permiten ser consideradas en perspectiva y vinculadas a distintos temas de actualidad:
- la operación mediática que pretende vincular a Aníbal F con el tráfico de efedrina es de vieja data;
- la habría filtrado tendenciosamente Granero;
- la Embajada de EEUU procesó el pescado podrido y se lo dio en grageas a Elisa Carrió y otros;
- para Carrió eso fue suficiente para tener por cierto y denunciar;
- su actualización publicitaria ahora, descontextualizada y cuando los presos se les escaparon a los macristas, es agigantada de manera directamente proporcional a su inconsistencia por todos los funcionarios en ejercicio, que pasaron pública vergüenza (están tan sucios que perdieron todos los escrúpulos, si no relean lo dicho por Ritondo);
- el especialista en lavado de dinero Juan Félix Marteau, asesor en la materia del FMI, asesoró a Néstor Kirchner;
- el estudio de Marteu se pasó de asesorar a entes de naturaleza pública internacional o nacional a hacerlo con personas físicas y jurídicas denunciadas por lavado;
- miembros de su estudio o profesionales directamente vinculados a Marteau están propuestos por el Ministerio de Justicia para cooptar la Unidad de Investigación Financiera (de presidente, Mariano Federici, asesor del FMI, consejero de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera presidida por Marteau; de vicepresidenta, María Eugenia Talerico, abogada defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos; de directora de supervisión, María Celeste Plée; de Secretario Ejecutivo, Ignacio Hagelstron y de Director de Asuntos Jurídicos, Federico Di Pasquale;
- Juan Félix Marteu representa directamente a varios –y coordina la estrategia defensiva del conjunto- de los denunciados a partir de la filtración de Hervé Falciani;
- con esto se desarticula el andamiaje operativo de la gestión de Sbatella, que se había hecho cargo de las posibilidades que brindaban las normas anti-lavado aprobadas durante la gestión kirchnerista y las había aprovechado para acciones concretas en la lucha contra el delito (para ver la evolución normativa consultar acá);
- si no se ha avanzado más sobre el particular, se debió al entramado judicial connivente con el poder económico y financiero, y la complicidad mediática (el grupo Clarín es uno de los denunciados) y legislativa de los parlamentarios que antes eran opositores y ahora son oficialistas.
Todo tiene que ver con todo. Hacer el ejercicio de traer información disponible y tamizarla con lo que pasa en estos días nos aclara por donde pasan muchas de las cuestiones actuales.
Ver más información sobre el tema de los propuestos para la UIF, acá.
Publicado por La Corriente Kirchnerista de Santa Fe
**
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-289823-2016-01-08.html
Defendían lo que ahora deben combatir
Mariano Federici y María Eugenia Talerico, propuestos para titular y vice de la UIF, fueron impugnados por un centro de prevención del lavado por pertenecer a un grupo de abogados que defendían a acusados por ese delito. Entre ellos, el HSBC.Por Raúl Dellatorre
Los nombres propuestos por el Ministerio de Justicia para ocupar la presidencia y vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) resultaron impugnados por una organización dedicada a la prevención y persecución de la criminalidad económica, Cipce. En su impugnación, dicho centro de investigación sostuvo que los postulados, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, se encuentran “incursos en un conflicto de intereses insoslayable e insuperable”, ya que integran, o integraron, un bufete de abogados encabezado por Juan Félix Marteau “dedicado precisamente al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”. Entre sus clientes figura el Banco Masventas SA, “que resulta ser el sujeto obligado que cuenta con más sanciones por parte de la UIF”. Talerico, además, es mencionada como “abogada defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos, siendo éste el banco que ha recibido multas más significativas por haber incumplido la normativa antilavado”.
“Con las nuevas autoridades que se proponen, la UIF pasará a ser manejada por un equipo de personas que hasta ahora se han desempeñado como defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos”, señala Cipce en su impugnación. “La mayoría de estos profesionales se agrupan en torno a la figura del abogado Juan Félix Marteau, cuyo estudio jurídico se dedica, precisamente, al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”. Menciona “su actuación como defensor del banco Masventas SA”, y que “se ha hecho público que tiene como clientes al JP Morgan y a Clarín en las respectivas causas por lavado de dinero que se siguen contra esas empresas”.
Con respecto a los candidatos propuestos, señala que “Mariano Federici, además de ser asesor del FMI, es consejero de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera presidida por Marteau”, mientras que María Eugenia Talerico “se ha desempeñado como abogada defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos”. Cipce advierte que “en la declaración jurada presentada por Talerico en el marco de este proceso de selección, no se menciona al HSBC entre las personas jurídicas que ha tenido como clientes en los últimos años; sin embargo, entre las personas físicas, el último nombre que figura es el de Gustavo Peccora, y entre paréntesis se aclara HSBC Bank Argentina SA. Curiosamente, es la única persona física para la cual se hace una aclaración de este tipo”. Cipce requirió, a través del Ministerio de Justicia, que la UIF “informe si Talerico tuvo actuación como abogada defensora del HSBC en alguna causa o sumario”.
“En caso de que estos requerimientos de información lograran demostrar que, en el último año, Talerico ha defendido en alguna actuación de la UIF a cualquier persona física o jurídica, esto significaría automáticamente la imposibilidad de que la candidata ocupe la vicepresidencia del organismo.”
Cipce menciona que, dentro del mismo entramado de relaciones, aparecen otros profesionales que ocuparían cargos relevantes en la próxima gestión de la UIF, también vinculados a Juan Félix Marteau: María Celeste Plée (sería directora de Supervisión), Ignacio Hagelstron (iría al Secretariado Ejecutivo) y Federico Di Pasquale (ocuparía la Dirección de Asuntos Jurídicos).
A criterio del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, “el problema reside en que mediante la designación en la UIF de profesionales que se dedican a estas actividades, el principal organismo públicos encargado de prevenir y perseguir el lavado de dinero será conducido por los defensores de los acusados por lavado. El conflicto de intereses es alevoso y grosero”.
Recuerda que la Oficina Anticorrupción, “uno de los principales organismos de control de los conflictos de intereses en la función pública”, entiende que éste se verifica “cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña”. Y agrega, como conclusión: “Creer que una persona puede pasar, automáticamente, a perseguir de manera eficaz a los sujetos cuyos intereses ha defendido durante años es, francamente, iluso”.
