Kirchnerismo: una década ganada
Edición Nro 167 - Mayo de 2013
Por Martín Rodríguez*
A una década de su llegada al poder, el kirchnerismo opera como si estuviera inmerso en una transición eterna, como si la herencia procesista, alfonsinista y menemista siguiera intacta. La “democratización” es una forma más de esta transición eterna de un gobierno que reparte de todo –escuelas, planes, universidades– menos poder.
Sub.coopn 1983 la notable revista Todo es Historia saludó la “vuelta democrática” con un número especial que exploraba la historia de la tortura en Argentina. La tapa llevaba el dibujo de un prisionero atado a una camilla y dos hombres trabajando sobre ese cuerpo, con un tambor de aceite lleno de agua al costado. Decía: “LA TORTURA: 170 años de vergüenza argentina”. Y una bajada que compendiaba el avance tecnológico: “del cepo al potro, de los azotes y estaqueadas a la picana, la violación, los perros bravos…”. Así, el orden establecido en 1976 aparecía como un “orden bárbaro”. Estado potro. El alfonsinismo significaba la ocupación civil de un Matadero. Un monstruo que domar. No un paraíso que habitar.
Pero si en los años 80 la democracia nacía huyendo de la ESMA, el final de esa década cambió el objeto del horror: los años 90 se inician huyendo de ENTEL. Siglas diferentes, que completaban una alergia al Estado en dos de sus mil caras, pero no cualquiera de esas caras. Ese promedio de liberalismo político primero (con los derechos humanos en el centro) y liberalismo económico después (con los derechos humanos en la periferia) constituye el bloque desarmable y confundido de la herencia kirchnerista: la que piensa que el 2003 es el primer año de un nuevo ciclo posterior al de 1976/2001, con la breve transición 2002-2003, el lodazal duhaldista necesario del que brotó “el loto kirchnerista”.
Por supuesto, se trata de una narrativa simplificadora. El kirchnerismo, tal como cuenta las cosas, parece haber nacido en 1983, con todas las herencias intactas: el aparato represor, Papel Prensa, el fracaso librecambista, etc. Y sin embargo, aunque son difíciles de decir, hay hechos tapados en los gobiernos previos a 2003. Menem, por ejemplo, terminó construyendo paradójicamente el disciplinamiento militar ideal para el posterior juzgamiento de derechos humanos (indultó y desabasteció a las Fuerzas Armdas a la vez) y el orden político (vía convertibilidad) con un primer gobierno civil fuerte capaz de gobernar la economía. Tal vez la democracia necesitaba eso y no importaba cómo: un gobierno sólido. El alfonsinismo fue el preámbulo del orden democrático y su hoja de ruta. Pero el 2001 barrió todos esos saldos posibles.
Con la percepción lúcida del resultado de esas décadas se produjo el primer gobierno progresista del peronismo (el “progresismo posible”) que se construyó subrayando todos los días que “la transición no terminó”, estirando el espejo procesista en su teoría de continuidades: Magnetto es Videla, Macri es Videla, el neoliberalismo es el genérico. Y con su intuición: una contradicción te lleva a la otra. Sin embargo, el primer gobierno de Kirchner (2003-2007) se rebeló contra enemigos del imaginario progresista que estaban fuera de la sociedad: FMI, fondos buitre, militares. Nadie se hizo cargo de defenderlos. Cuando le tocó al campo, conjeturó que el mismo imaginario ordenaba el conflicto. Kirchner dijo: “El campo es la oligarquía” y habló de ¡comandos civiles! Pero le hablaba al país sojero que ayudó a construir. Yuyo verde: el petróleo de este orden. Y ahí empezó lo que hoy conocemos: un kirchnerismo de segunda generación peleando en el centro de la sociedad contra una parte de ella. Diría más: en el centro de la clase media, y desatando la lucha de clases (medias): Lanata versus 6,7,8.
El Estado absorbió las tensiones, trasladó a su interior el desconcierto que había dejado la crisis y produjo un sistema de regulaciones de conflictos. Un orden que promueve sus crisis. La forma de control social que consiste en producir el conflicto para luego regularlo. El Estado absorbe y devuelve el conflicto a la sociedad, en un sistema más complejo y atento a las posibilidades graduables del caos. “A Kirchner no le gustaba ningún quilombo, salvo los que él promovía”, dicen quienes lo conocieron. Y la conclusión más contundente: la transición sí terminó. Nadie más poderoso que el Estado democrático es el resultado de estos años. El kirchnerismo teatraliza los dramas que puede y se hizo enorme, ocupó demasiado espacio. Pronto surgieron los cantos melancólicos del antiguo régimen: ¿cómo sacarnos de encima el kirchnerismo? Una identidad, un relato, una política reparadora llena de costos. Pero un modo de conquistar dos ansias: gobernabilidad con justicia social. Eso hizo. ¿Hay justicia social sin Estado autoritario?
En el 2001 se fueron los partidos, en el 2003 se empezaron a diluir las organizaciones sociales y se ordenaron los sindicatos en su tarea “natural”… Esa disolución de potenciales representaciones resultó irrefrenable, entonces la reconstrucción política tuvo como lugar exclusivo el Estado. ¿Qué es la política? Operaciones de asalto.
Pero si el kirchnerismo opera como si estuviera inmerso en una transición eterna, ¿hacia dónde estamos transitando? La transición fue un concepto importante del marxismo, ya que el socialismo era la sociedad de transición al comunismo. Luego vinieron los gobiernos de transición a la democracia. Pero el kirchnerismo, ¿hacia dónde transita? ¿Hacia lo que Kirchner llamó “un país en serio”? ¿Soberanía crediticia, soberanía monetaria, soberanía de las instituciones por sobre las corporaciones? Su gestión endeble en áreas fundamentales apunta a que su clave está en el “ritmo político”. Esa soberanía es clara: la del tiempo. Un proyecto que lo maneja.
• • •
En julio del 2012 se difunden las imágenes de “apremios ilegales” contra dos jóvenes en la comisaría número 11 de General Güemes, a 55 kilómetros de Salta capital. Detienen a los cinco policías implicados. Los denuncia el ministro de Seguridad provincial, con las grabaciones de los hechos como prueba. Las imágenes habían sido filmadas desde un teléfono celular por otro policía, que luego las subió a Internet. Los nombres de los jóvenes son Luis Mario Rodríguez y Miguel Ángel Martínez, de 17 y 18 años. Estaban detenidos por “hechos menores”. Ladronzuelos, los define un periodista de la radio estatal. Llegan al patio de la comisaría en calzoncillos: Rodríguez tiembla y se encorva. Está parado con el pelo mojado en el invierno rapado del calabozo a cielo abierto. A su lado, Martínez permanece de rodillas. Un policía lo sujeta de las muñecas, le lleva los brazos hacia atrás. Es una escena de Medio Oriente, de un Abu Ghraib salteño. De frente, el sargento Gordillo le pone la bolsa en la cabeza. Se percibe el know-how intacto: la eficacia del submarino seco y los baldazos de agua fría sobre el cuerpo. No va a haber marcas. “Basta, gordito”, parece que le dice Martínez en el mal audio del video. Las primeras crónicas acentúan el error y reproducen esa extraña familiaridad entre torturado y torturador. Gordillo es gordito pero Martínez no lo insulta, le dice: “Ya está Gordillo”. Ya está.
Martínez y Rodríguez quedaron en el medio de una interna policial que los ubicó en el encuadre de un celular con cámara y, después, en el blanco algoritmo viral de YouTube, la plataforma que permitió dar luz al caso, activar el reflejo social de su repudio y alentar la detención de los efectivos. El policía que los filmó primero desmintió, luego reconoció ante el juez Pablo Farah que subió el video. Versiones de disputas entre policías, de éste contra Gordillo, por una plata. 200 pesos.
Martínez tuvo la oportunidad de decir públicamente lo obvio: no era la primera vez que lo llevaban al patio. Hay quien dice: son rémoras de los años de plomo en el país de la libertad. ¿Qué tienen que ver los museos de la memoria con la tortura en una comisaría? ¿Existe algún hilo posible entre esos centros culturales y Gordillo? La relación de los derechos humanos y los hechos de tortura actuales –que persisten– ponen en tensión el federalismo tanto como las discusiones de co-participación. Es, en tal caso, un signo más de la inequidad territorial en la distribución del capital simbólico y cultural de los derechos humanos. Estado nacional y provincias: la polis de los derechos humanos, con sus señalizaciones, sus museos y baldosas, hace centro en la Historia, pero no puede terminar de proyectar su luz sobre el medioevo policial y penitenciario, monolítico. ¿Por qué nos sorprende que aún hoy se torture en una comisaría argentina? ¿Dónde existen las garantías para que eso no ocurra más? Una policía que casi no resuelve nada sin pasarse de la línea de lo lícito.
Hace algunos años, Videla decía en una entrevista: “En este momento en alguna comisaría de la provincia de Buenos Aires se debe estar torturando a alguien”. Videla en este tiempo decidió hablar, traer el fondo de mugre del río que sólo él puede dragar. En su voz mezcla razones de Estado, lógica militar y sentido común. Su argumento es la “tortura continua”. En el fondo, una conclusión: los pobres siempre sufrieron torturas. La tortura es clasista.
Pero la tortura asociada a la silueta militar tiene su propia línea de tiza: de eso ya no se habla. La larga marcha de estos años acabó por borrar con la suela lo que se escribió con mano de hierro: en las Fuerzas Armadas argentinas ya no se habla de tortura. No así. No en esos términos.
Un viejo soldado del Ejército Argentino al que conocí en Haití acepta hablar de este aspecto sensible. En 2003, en otro golpe de efecto de los primeros días de gobierno, sale a la luz un video sobre entrenamientos militares. Se veía cómo en plenos años 80 (presidencia de Alfonsín, nursery de la democracia que venía a iluminar la noche más larga) los militares todavía entrenaban bajo preceptos de la Guerra Fría y las técnicas de combate a la guerrilla. Eso incluía pruebas de tortura entre los propios soldados. Eso que escandalizaba tenía una razón de Estado que aún perdura: la formación de comandos.
“El curso –me explica– se llamaba ‘curso de comandos’, y lo que se denunció erróneamente era un ejercicio de campo de prisioneros. Este ejercicio era la continuación de otro ataque a un objetivo militar, y cuando éstos eran tomados prisioneros se estudiaba su comportamiento en la captura. En 1995 este ejercicio fue reducido, se sacó del programa el campo de prisioneros y se copió uno que se daba en el curso de selva de Manaos, en Brasil: menos tiempo y más exigencia. Actualmente sólo se incrementa durante un período de tiempo la presión psicológica sobre el cursante, a fin de obtener información y que éste no la brinde. No se aplican golpes o ninguna clase de tormento. Los cursos de comandos son monitoreados por profesionales médicos y psicólogos, y ante cualquier situación anómala se interrumpe el curso.”
¿Pero se habla de tortura en la formación? “No, no se habla de torturas, sólo se advierte que según el tipo de operaciones para las que los comandos son formados, ellos podrán ser tomados prisioneros. El ejercicio del campo de prisioneros buscaba desarrollar el instinto de supervivencia y autopreservación física y psíquica, con la finalidad de lograr evadirse de sus captores. Hoy en los ejercicios de presión psicológica en los que son sometidos se determina su comportamiento en situaciones de stress extremo, y su capacidad de negar información vital a quien se la requiera”.
Según el primer informe anual del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos presentado en 2012, sólo en 2011 se produjeron 791 casos sobre un total de 436 víctimas, en 6 cárceles federales, 21 unidades del Sistema Penitenciario Bonaerense y 3 institutos provinciales para adolescentes. Por el momento el Registro tiene una función testimonial, a pesar de que a fines de 2011 Diputados aprobó su implementación y la del Mecanismo Nacional de Prevención que lo contiene y lo vuelve algo más que una acumulación estadística. Sin embargo, el proyecto aún cabecea en el Senado. En tres décadas de democracia partes del Estado siguen siendo un potro indomable.
• • •
En diez años, el kirchnerismo repartió todo menos poder: repartió planes, contratos, cargos, escuelas, universidades, hospitales. Todo menos poder. Los torturados de Salta tienen un protector, pero lejos. En este sentido el gobierno es como Batman: baja sobre el problema que elige, pero en el medio no hay nada. Su poder también reside en la exclusividad de ese poder. De allí es que está rodeado por más consumidores de poder que productores de poder. Sólo concebido en esa autoridad altísima se explica porqué echó del templo a políticos y sindicalistas con proyección. Y se rodeó de “cuadros y base”. Le faltan siempre políticos.
Pero también el kirchnerismo, insistimos, reescribe la lengua marxista: troca la idea comunista de “revolución permanente” por el republicanismo sucio de la “transición permanente”. Lo que la lógica de la 125 fijó: si el campo es la oligarquía pero lo cuentan como si fueran Los Ingalls, entonces hay que ir por quienes lo cuentan: ¿Qué te pasa, Clarín? Y si Clarín es el monopolio de sentido, entonces habrá que serruchar la rama que lo sostiene: el Poder Judicial en el cielo de las cautelares. ¿Y con quién se lidia? Con la ensalzada Corte Suprema que supieron concebir. Un problema, entonces, empieza a ser la herencia del primer gobierno kirchnerista de “paz y amor”, en el que se tomaron algunas “decisiones apresuradas” (la fusión de Cablevisión por ejemplo). Porque durar diez años tiene algo de morderse la cola.
Un gobierno de intensidad al que no le importan las estadísticas, que destruyó el INDEC, que prioriza el porvenir inmediato en el que todo obstáculo se puede “democratizar”. Ese estilo es su perdición. Sin sintonía fina, con la “democratización” ocurre como con la Ley de Medios: mucho bosque y pocos árboles. Un canto en la rama: “pluralidad”, “multiplicidad”, “radios comunitarias”, riman bien, pero lo que debe regular el Estado es la aplicación de una ley que desciende a un nido de víboras de un negocio cuya única criatura bíblica se llama Magnetto, pero que esconde otras, muchas de ellas “amigas” del Palacio… El kirchnerismo, en esa ley, centró su dialéctica de la democracia, llena de relato y silencios. Democratizar, en conclusión, será hacer la transición infinita.
• • •
Sopla el viento en Vaca Muerta. El Estado en el desierto espera cumplir el augurio: la estimación de las reservas de petróleo que posee ese perímetro de suelo neuquino. Lobby en busca de recursos, muchos. La esperanza huraña en ese pozo palpitante: la naturaleza está de nuestro lado, gran sentimiento argentino. Al costado del camino. Soja y petróleo.
Kirchnerismo: diez años luz de Sociedad & Estado.
* Periodista.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
Edición Nro 159 - Septiembre de 2012
Hospital Borda, Buenos Aires, julio de 2011 (Sub.coop)
Por José Nun*
El mayor desafío de Argentina es revertir la desigualdad económica, impulsando una fuerte redistribución progresiva del ingreso, principalmente a través de la captación fiscal. Para ello es fundamental poner en práctica una reforma estructural del sistema impositivo, impidiendo un retroceso que convierte al país en un caso único en el mundo.
esulta bastante curioso, decía Ludwig Wittgenstein, que uno pueda “ver” una interpretación. Y, sin embargo, “vemos” interpretaciones todo el tiempo. En un desocupado, por ejemplo, un neoliberal “ve” a alguien con pocas ganas de trabajar y un socialista, a una persona que necesita ayuda. De manera parecida, un par de editoriales recientes de la revista conservadora británica The Economist nos han explicado que una cosa es el intervencionismo estatal y otra, el pragmatismo. Para que se entienda: que el Estado se dedique a rescatar bancos dedicados a la especulación o empresas inmobiliarias que estafaron al público no debe ser “visto” como intervencionismo sino como pragmatismo.
En forma análoga, si sólo se dirige la mirada al período 2002/2010, la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población argentina se redujo en un 30%. Pero si la comparación parte de 1975, esa brecha se amplió casi 3 veces y sigue creciendo (y todo esto sin considerar la notoria magnitud de los ingresos que el decil más próspero omite declarar). Pasa que también las diferencias que percibimos y los significados que les damos son producto de interpretaciones. Claro que, en cualquiera de las alternativas, no hay duda de que hoy es perentorio buscarle remedio a la desigualdad económica imperante y que el camino más seguro para hacerlo es impulsar una fuerte redistribución progresiva del ingreso. Se trata de sacarles a unos para darles a otros a través de un proceso que debe centralizar necesariamente el Estado. Para ello éste cuenta con una herramienta fundamental que es el gasto público. Sólo que para poder gastar (por ejemplo, en obras de infraestructura o en programas sociales), debe antes disponer de fondos.
¿Cómo puede conseguirlos? Hay básicamente tres maneras. La principal es, por lejos, la recaudación de impuestos. Las otras dos son, por un lado, las eventuales ganancias que generen las empresas públicas y, por el otro, el endeudamiento interno y/o externo. En síntesis: redistribuir ingresos para promover una mayor igualdad implica hoy en Argentina plantearse no sólo la cuestión del gasto público sino también el problema de la captación fiscal de los recursos que hagan falta. Es a este tema que estarán dedicadas las reflexiones que siguen.
1 Desde los tiempos de la Revolución Francesa, se distingue entre la progresividad y la regresividad de un régimen tributario. La primera supone que, en términos de justicia social, los gravámenes sean proporcionales a los ingresos de modo que pague más el que más tiene y que el que no tiene, no pague.
Se trata de un punto fundamental pues, a ese fin, no basta simplemente con un aumento en la percepción de impuestos por más que se incrementen así los fondos disponibles. Una mayor igualdad depende de la estructura de la política fiscal mucho más que del nivel de la recaudación. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un subsidio a los alimentos que consumen los sectores más pobres que fuera financiado en gran parte por ellos mismos a través del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El efecto redistributivo del subsidio sería probablemente nulo.
Dicho de otra manera, el mayor o menor impacto redistributivo del gasto público comienza por el diseño mismo del sistema tributario que se aplique. Por desgracia, en nuestro país (y en varios otros de América Latina), los impuestos en su conjunto acaban casi siempre no disminuyendo sino, peor aun, aumentando la desigualdad. Claro que es raro que se hable de esto porque, entre otras cosas, los beneficiarios de la situación y sus “expertos” se empeñan en presentar el asunto como tan complejo que el ciudadano común no estaría en condiciones de entenderlo y, por añadidura, a muchos políticos les conviene “mirar” hacia otro lado.
2 En lo que más importa aquí, desde mediados del siglo XX hasta ahora la estructura tributaria argentina ha avanzado escasamente en materia de reformas tendientes a mejorar la distribución del ingreso. Por el contrario, gran parte de las medidas adoptadas tuvieron efectos regresivos. Llama la atención que cincuenta años atrás esa estructura fuese más parecida a la del mundo desarrollado que a las del resto de las naciones de América Latina; que el impacto distributivo de la acción fiscal resultara entonces muy superior al actual, y que existiese también una mayor igualdad. El retroceso que se produjo nos convierte en un caso bastante único en el mundo.
Sucede que una de las desafortunadas originalidades argentinas consiste en haber pasado de la estructura tributaria progresiva que instaló el primer peronismo (paga más el que más tiene) a la estructura regresiva que montó la última dictadura militar (paga menos el que más tiene) y que todavía sigue en pie, compensada parcial y coyunturalmente por las retenciones al agro y otros gravámenes. Veamos, a modo de ilustración, algunas de sus características más llamativas.
Los beneficiarios del exitosísimo modelo primario exportador que se aplicó en Argentina desde fines del siglo XIX se ocuparon de preservar muy bien sus rentas, mientras hacían que el Estado se endeudase. De ahí que recién en 1930 se introdujera en nuestro país el impuesto a las ganancias –llamadas por entonces “réditos”–. Pero hubo que esperar otros veinte años para que el tributo adquiriese alguna importancia, que fue perdiendo después. Tanto es así que recién en el año 2000 volvió al nivel de 1952 (3,4% del PIB).
Pero hay algo todavía más grave y es el modo mismo en que se recauda este impuesto, o sea, su estructura. Y esto al punto de que especialistas como Oscar Cetrángolo o Juan Carlos Gómez Sabaini “ven” seriamente afectada su progresividad. Y tienen razón.
Para entenderlo, el primer paso consiste en advertir que la mayor parte de lo que se percibe por este rubro no lo abonan las personas físicas sino las sociedades comerciales. Después, es preciso tener en cuenta que, dado el alto grado de concentración económica que existe en Argentina, abundan las ramas dominadas por muy pocas empresas, que actúan como formadoras de precios (1). La consecuencia es que, toda vez que pueden, les trasladan el tributo a sus compradores a través del precio que les fijan a los bienes y servicios que proveen. O sea que, por vía directa o indirecta, el impuesto lo terminan pagando muy frecuente y paradójicamente los consumidores finales.
La pregunta obvia es si acaso no ocurre lo mismo en los países desarrollados. Si ponemos a un lado los temas nada menores de las alícuotas y de la evasión (que suele ser allí cuatro o cinco veces inferior a la nuestra), la respuesta debe ser afirmativa. Pero la diferencia crucial es que, por lejos, el impuesto a las ganancias que pagan las personas físicas constituye en esos casos el componente decisivo desde el punto de vista de la progresividad. Alcanza con decir que, entre nosotros, este componente ronda apenas el 30% del total que aporta el tributo frente al 72% que, en promedio, recogen por idéntico concepto las naciones avanzadas. (En Estados Unidos, por ejemplo, el 60% de la población económicamente activa paga ganancias; en Argentina, sólo un 4%). Más aun: incluso el promedio latinoamericano (40%) es superior al argentino y en Brasil y Chile alrededor de dos tercios de la recaudación por este tributo proceden de las personas físicas.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? Gracias a las numerosas exenciones que benefician a las rentas del capital que poseen los individuos, tales como las que se generan por la compraventa de acciones, por los dividendos, por las transacciones financieras, por los intereses de los títulos públicos, etc. Varias de estas desgravaciones fueron eliminadas en Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, México y Paraguay y no rigen en casi ningún país desarrollado.
En términos redistributivos, el problema es doble. En primer lugar, en lo que hace al volumen global de los aportes por ganancias (sociedades y personas físicas) medido como porcentaje del PIB, la media de los países avanzados es casi tres veces superior a la nuestra, aunque ésta haya aumentado en los últimos años al 5,5%. Y, a la vez, la propia composición del tributo restringe considerablemente sus alcances progresivos. Ocurre que incluso aquel magro 30% que contribuyen las personas físicas mejora sólo en parte la progresividad del impuesto.
¿Por qué? Porque quienes no pueden eludirlo son los trabajadores en blanco ya que se les deduce de su salario. De resultas de esto, un 80% de lo que se cobra por ganancias personales proviene de los salarios y sólo el 20% restante corresponde a otras fuentes. Se entiende que, en un contexto inflacionario como el actual, los sindicatos reclamen que se eleve el mínimo no imponible a partir del cual los trabajadores deben pagar. Lo sorprendente es que no digan una palabra acerca del modo mismo en que opera el tributo en nuestro país y, peor todavía, que algunos dirigentes gremiales hayan pedido su eliminación lisa y llana.
A todo lo cual se suma el gravísimo problema de la evasión, que se estima en bastante más del 50% (según un cálculo oficial conservador, en 2010 los depósitos en el exterior no declarados superaban el 36% del PIB). Si se le añade a esto la elusión fiscal (uno de cuyos signos más ostensibles es la proliferación de fideicomisos), la conclusión que se impone es que, entre nosotros, una parte sustancial de este impuesto simplemente no se recauda.
3 Las ilustraciones de eso que llamé la “originalidad argentina” podrían multiplicarse (2). Así, es ínfimo lo que se percibe en concepto de gravámenes patrimoniales. El impuesto sobre los bienes personales aporta escasamente un 0,6% del PIB, o sea entre 15 y 20 veces menos que la media de los países desarrollados. En cuanto al impuesto inmobiliario que recaudan las provincias, su magnitud fue descendiendo desde la crisis del 2001 y todavía es inferior al 0,5% del PIB. Además, la última dictadura militar abolió el impuesto a la herencia y hasta ahora no ha sido restablecido (salvo desde 2011 en la provincia de Buenos Aires).
Como contrapartida, un tributo indirecto y regresivo como el IVA tiene una elevada alícuota general del 21% y, cuando se le suman los impuestos a las ventas que cobran las provincias, el total de los gravámenes al consumo más que duplica lo que se recauda por ganancias y por impuestos patrimoniales, afectando sobre todo a los sectores de menores ingresos. No sólo esto: entre quienes embolsan esos pagos, uno de cada dos después no los liquida al fisco.
4 Dos reconocidos especialistas, en un importante estudio basado en datos del INDEC de 2010 (sobre cuya calidad ellos mismos previenen), parecerían contradecir algunas de mis afirmaciones (3). De acuerdo a sus cálculos, existiría en el país una redistribución del ingreso “levemente progresiva”. Pero esto se debe fundamentalmente al aumento y recomposición del gasto público que, entre 1997 y 2010, varió del 30,3% al 45,5% del PIB. Gracias a ello, las partidas otorgadas a educación pasaron del 2,9% al 4,4% del PIB; las de salud, del 4,6% al 6,3%, y las asignaciones familiares, del 0,6% al 1,2%.
No obstante, insisto, la estructura de fondo del sistema impositivo no ha sido modificada. Desde luego, hubo que apelar a una serie de medidas fiscales que hicieran posible por lo menos en parte un incremento como el mencionado. Es lo que ha ocurrido, ante todo, con la incorporación de los derechos de exportación (retenciones) y del impuesto sobre débitos y créditos bancarios que, sumados, representan un 4% del PIB. Después, se incrementó la participación del impuesto a las ganancias al ampliarse su base en virtud de la suba de los ingresos y de la inflación; y se eliminó el régimen de capitalización individual para el sistema de seguridad social.
Pero cito a Rossignolo: “La evolución de los ingresos tributarios no sólo ha estado sustentada en la favorable evolución de los gravámenes tradicionales (ganancias, IVA y otros) sino también en los recursos generados por una serie de gravámenes cuya permanencia en el largo plazo resulta difícil justificar, y que necesariamente requerirán ser reemplazados por otros tributos que respondan a los objetivos indicados de transparencia, equidad y simplicidad”. O sea que no ha habido hasta ahora una modificación orgánica del régimen fiscal que genera desigualdad. Por eso agrega el mismo autor: “Será necesario que se vaya abandonando poco a poco el uso de gravámenes transitorios y que la recaudación fiscal se sostenga sobre instrumentos de mejor calidad y recurrencia a lo largo del tiempo”.
Más todavía cuando los ajustes practicados no han sido óbice para que: (a) el 20% más pobre de la población continúe soportando una presión tributaria mayor que la que recae sobre el 10% más rico, y (b) las cargas sobre el consumo interno superen en más de un 50% a los impuestos sobre las rentas (incluidas las retenciones). En síntesis: se torna “visible”, espero, que promover una mayor igualdad que sea sustentable en el tiempo exige poner en práctica cuanto antes una profunda reforma impositiva.
5 No es fácil hacerlo, sobre todo si se le pretende dar a esta reforma el carácter orgánico que requiere. Su sola mención pone de inmediato en estado de alerta a los sectores que serían afectados y no suscita necesariamente el apoyo de quienes resultarían favorecidos. Me explico.
Parodiando una conocida propaganda, aquí y en todas partes la elite económica está siempre “custodiada por expertos”. Y una de las principales tareas de estos custodios es anticiparse e impedir cambios normativos que la perjudiquen o, si no pueden evitarlos, movilizarse para quitarles filo. (Baste como ejemplo el escándalo que acaba de producirse en la provincia de Buenos Aires debido al revalúo de los inmuebles agrarios y al aumento del Impuesto Inmobiliario Rural. Esa actualización, por demás módica, es la primera que se hace en quince años; y en cuanto al gravamen mismo, no afecta para nada a casi dos tercios de los predios rurales y, en los hechos, sólo una tercera parte de aquel revalúo incide sobre la base imponible. No obstante, se desencadenó una agitación mayúscula y la protesta continúa).
A la vez, el respaldo popular a las reformas nunca es inmediato debido a todas las instancias que deben sortear antes de plasmarse en beneficios sociales concretos. Para retornar a lo ya dicho, son reinterpretaciones de la realidad que tardan en “verse” porque, en el mejor de los casos, el procesamiento e implementación de las medidas integrales a las que me refiero demanda un par de años.
Este último es uno de los motivos por los cuales tanto los gobernantes como buena parte de los políticos absorbidos por el día a día suelen hablar de la reforma fiscal pero no se empeñan en llevarla adelante: saben que los obstáculos son muy grandes y no tienen ninguna certeza de que serán ellos quienes cosechen los frutos del esfuerzo. Además de que, como viene de sostener convincentemente Colin Crouch, en el capitalismo contemporáneo las grandes corporaciones no son parte del mercado sino del sistema político (4).
De ahí que una de las tareas urgentes e imprescindibles a cumplir sea el esclarecimiento de la opinión pública. Hay que sacar a la luz, para que se “vean”, los aspectos regresivos de nuestra actual estructura fiscal. Alcanza con descorrer el velo para advertir que ni sus causas ni sus efectos son tan inaccesibles para el ciudadano medio como se imagina. Sólo de este modo, genuinamente democrático, podrán crearse las condiciones para que la reforma tributaria se vuelva un reclamo popular difícil de desoír.
1. En las últimas dos décadas, las 200 empresas de mayor facturación en el país aumentaron en un 40% su participación en el valor bruto de la producción nacional; 117 de ellas son grandes firmas extranjeras que dan cuenta del 60% de las ventas de ese segmento. Véase Daniel Azpiazu, Pablo Manzanelli y Martín Schorr, Concentración y extranjerización. La Argentina en la posconvertibilidad, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011.
2. Véase José Nun, La desigualdad y los impuestos. Introducción para no especialistas, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011.
3. Jorge Gaggero y Darío Rossignolo, El impacto del presupuesto sobre la equidad. Argentina 2010, Documento de Trabajo Nº 40,
CEFID-AR, Buenos Aires, septiembre de 2011.
4. Colin Crouch, The Strange Non-Death of Neoliberalism, Polity, Cambridge, 2011. De próxima publicación en Capital Intelectual.
* Fundador y director honorario del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. Ex secretario de Cultura.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
Edición Nro 159 - Septiembre de 2012
Por María Esperanza Casullo*
La socialdemocracia es, más que una serie de medidas de gobierno, una coalición político-social. Mediante su alianza con los sindicatos y parte de los sectores medios, desde 2003 el kirchnerismo se apoyó en una coalición cuasi-socialdemócrata. El reto, ahora, es reconstruirla.
ay varias maneras de intentar comprender a un gobierno: según sus políticas públicas, según su discurso, según su estrategia parlamentaria. Entre todas ellas, una perspectiva necesaria tiene que ver con el análisis de la coalición social que le da sustento. El análisis coalicional del kirchnerismo es especialmente interesante, dados los rasgos originales de su coalición política. De alguna manera, el kirchnerismo, desde 2003 hasta 2008 (y luego por momentos), se acercó a lo que podríamos llamar una coalición socialdemócrata viable. Sin embargo, esta configuración podría estar cambiando.
La socialdemocracia es, antes que un conjunto de políticas públicas, una cierta coalición política que las hace posibles. Como explica Luebbert (1), el ascenso de la socialdemocracia durante la entreguerra sólo fue posible en aquellos países en los que se dio una alianza entre sectores obreros y sectores de la clase media rural (luego urbana). En los países nórdicos, esta coalición de clases posibilitó que amplias mayorías parlamentarias dieran sustento a la construcción de Estados de Bienestar expansivos, financiados vía impuestos a las ganancias. (Esta fórmula fue tan exitosa que el Partido Socialdemócrata sueco dominó la política de su país durante setenta años.) En otros países, como Gran Bretaña, la socialdemocracia no llegó a enraizar porque las elites y los partidos conservadores pudieron persuadir a las clases medias, e inclusive a sectores de las clases trabajadoras, de que sus intereses coincidían y que los sindicatos eran potencialmente peligrosos.
Ensayos socialdemócratas
Decía Torcuato Di Tella que la constitución de una socialdemocracia en nuestro país sólo sería posible cuando pudieran combinarse dentro de una misma “casa” política dos elementos: la presencia de organizaciones sindicales, y una intelligentzia tecnocrática proveniente de las clases medias (2). Pero ni la socialdemocracia ni un orden liberal pudieron estabilizarse durante el siglo XX. Una de las claves de la crónica inestabilidad política argentina desde 1945 hasta 1983 radica en la coexistencia de dos coaliciones fuertes pero no dominantes. Así, mientras el peronismo dominaba la política electoral gracias a su virtual monopolio sobre el voto de las clases populares, era vulnerable al terco antiperonismo de las clases medias urbanas y a los boicots económicos de los sectores empresarios. Al mismo tiempo, las elites económicas nunca pudieron (o quisieron) construir una coalición que, basada en la clase media urbana, pudiera disputarle las clases populares al peronismo (como sí lo hicieron, por caso, las elites uruguayas).
Este empate hegemónico pareció romperse con la victoria de Raúl Alfonsín en 1983. Para sorpresa de muchos, Alfonsín ganó aún en distritos históricamente peronistas como la provincia de Buenos Aires. En ese entonces muchos se congratularon con la inauguración de una socialdemocracia posible en Argentina: expresada partidariamente en la UCR, hegemonizada por los sectores más modernos de la clase media y enraizada en la nueva capacidad del partido de captar a los sectores populares. Esta experiencia proto-socialdemócrata, sin embargo, terminó en fracaso.
Para algunos, la utopía de la socialdemocracia posible revivió con el kirchnerismo. Lo cual fue notable, dado que Néstor Kirchner tuvo que construir su coalición desde cero. Sin embargo, Kirchner en apenas dos años logró disciplinar al peronismo, y no sólo construyó una sólida alianza con los sindicatos y los movimientos sociales de trabajadores desocupados sino que pudo atraer a una parte, al menos, de las clases medias urbanas. Hacia ellas dirigió no sólo recursos sino, más aun, una política simbólica y cultural que rompió con algunas de las apelaciones más típicamente peronistas para abrirse a temáticas como los derechos humanos, las reivindicaciones de las minorías y la unidad latinoamericana. Con apoyo sindical, un programa de gobierno de ampliación de derechos y cierto apoyo de la clase media, el kichnerismo parecía estar en camino a convertirse en lo que el alfonsinismo no pudo ser.
Escenarios
¿Significa esto que el kirchnerismo inauguró, ahora sí, el tránsito hacia una socialdemocracia posible? Esta opción no puede descartarse, pero tampoco es un dato seguro. Por una parte, la amplitud de la victoria de Cristina Kirchner en 2011, luego de la derrota del Frente para la Victoria en 2009, parecería dar sustento a la primera idea, sobre todo considerando el buen resultado obtenido en las áreas urbanas, que incluyó la victoria en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, algunos movimientos recientes del gobierno parecerían ir en contra de una eventual consolidación socialdemócrata. Por un lado, la agudización del conflicto con Hugo Moyano podría poner en cuestión la solidez de su alianza con el sindicalismo. Por otro, la reciente prohibición de comprar dólares apunta directamente al corazón de los hábitos económicos de la clase media. Por supuesto, las coaliciones de apoyo no están dadas de una vez para siempre y un gobierno que acaba de reelegirse con el 54% de los votos tiene cierta plasticidad (sobre todo con una oposición dispersa y débil).
En este contexto, tres escenarios parecen posibles. El primero es rearmar la coalición original kirchnerista rápidamente. Esto requeriría terminar el conflicto con Moyano de una manera que deje intacta la autoridad de la central sindical y flexibilizar los controles al dólar apenas la situación económica, que aparenta ser más favorable en el segundo semestre, lo permita. Esta podría llamarse la estrategia de continuidad.
Pero existen al menos otras dos alternativas. La primera podría ser un giro hacia una coalición de “ricos y pobres” similar a la que sostuvo a Carlos Menem. Una salida de este tipo implicaría constituir una alianza con algún sector de la elite económica que pueda complementarse con la construcción de lazos electorales con los sectores populares, sobre todo aquellos sin representación sindical. Esta sería la estrategia neo-populista. Obviamente, nada es completamente imposible en política, y el kirchnerismo se ha caracterizado por su capacidad de sacar conejos de su galera. Sin embargo, este escenario no parece muy probable dada la escasez de puentes entre el gobierno y los sectores empresarios y la abierta guerra con algunos actores económicos de peso, como el Grupo Clarín.
La otra alternativa analíticamente posible es una coalición similar a las que sostienen a Rafael Correa en Ecuador y a Hugo Chávez en Venezuela. Esto supone dar por perdidas a las clases medias, dejar de lado las organizaciones partidarias o sindicales tradicionales y reemplazar las mediaciones institucionales por apelaciones directas a las clases populares. Esta sería la estrategia populista de izquierda. Pero ciertos factores hacen difícil pensar en esta posibilidad: el PJ tiene una innegable fuerza propia en tanto aparato partidario y red de poder territorial; las clases medias argentinas (fortalecidas luego de diez años de crecimiento económico) tienen más peso que sus contrapartes ecuatorianas o venezolanas, y el sindicalismo, también potenciado en estos años, es un factor de poder importante.
En síntesis: en una sociedad compleja, con una clase media importante y con altos niveles de acción colectiva (institucionalizada en sindicatos, movimientos sociales, ONG, cámaras empresarias), y en el contexto de una alta volatilidad de la opinión pública, parece que el kirchnerismo está casi obligado a recrear la coalición cuasi-socialdemócrata que lo sostuvo hasta aquí. Esto no significa, sin embargo, que sea una tarea fácil, mucho más en un contexto de desaceleración económica y menos holgura fiscal, ya que estas coaliciones se sostienen en gran medida en base a la distribución de recursos. Y, aun en un escenario de debilidad de la oposición, las tensiones en el interior de una coalición como la descripta son inevitables: fortalecer a los sindicatos, por ejemplo, redunda en paros y huelgas, los cuales, como se vio durante el reciente conflicto del subte, terminan afectando a la clase media y a los sectores populares.
Mantener esta coalición en el tiempo, determinar sus fronteras de inclusión y exclusión y negociar sus tensiones internas es el principal desafío que enfrenta hoy la Presidenta. Se trata ciertamente de una tarea difícil, dado que, además, hoy la reelección está vedada. Pero de su éxito depende si avanzamos hacia una socialdemocracia vernácula o si ésta seguirá siendo un horizonte que se aleja.
1. Gregory M. Luebbert, Liberalism, Fascism or Social Democracy, Oxford University Press, Nueva York, 1991.
2. Torcuato Di Tella, Hacia una estrategia de la socialdemocracia en Argentina, Punto Sur, Buenos Aires, 1989.
* Politóloga.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
Edición Nro 162 - Diciembre de 2012
Cacerolas y protestas el 8-N (Sub.coop)
Por Martín Rodríguez*
Aunque diferentes, el cacerolazo del 8-N, el paro general de parte del sindicalismo del 20-N y el conflicto con Clarín por el 7-D implican desafíos nuevos al gobierno, que debe responder a un sector de la sociedad que se mueve más por sus deseos que por sus necesidades o sus intereses.
ías antes del 8-N se ofició el espectáculo callejero del recuerdo a dos años de la muerte de Néstor Kirchner. Militantes kirchneristas pintando plazas bajo el lema “insoportablemente vivo”, como un modo de celebrar el recuerdo de un líder inolvidable. Si nos abstraemos de su pasado pre 2003, de su desempeño eficaz en la gestión de una lejana provincia casi deshabitada y rica, y si tomamos la impronta que definió la identidad kirchnerista como un plus por encima del soporte peronista, diríamos que fue –entre otras cosas, claro- un auténtico político de clase media, con preocupaciones peronistas básicas (gobernabilidad y estabilidad económica) pero que incorporó una agenda (¿liberal de izquierda?) a la vez que una recuperación de la mística militante, y con eso tramó un gobierno que tocó las notas de la sinfonía pendiente de la agenda alfonsinista y frepasista. Algo del “no pude” de Alfonsín y Chacho estuvo en la impronta inmediata del kirchnerismo como deuda a saldar.
Néstor Kirchner, en condiciones irrepetibles, logró consumar, con todos los ritos simbólicos, lo que ya había ocurrido: la transición democrática. Que requería una ceremonia final. Una transición que se afianzó con el gobierno poderoso de Carlos Saúl Menem a través de una bomba de tiempo económica llamada convertibilidad, que tuvo un efecto político paradójico en el mediano plazo: permitió el gobierno de la economía por parte de un régimen democrático, lo cual consolidó lo que parecía imposible, es decir, que un gobierno civil acumulara poder sólido y legitimidad popular. Ese detalle lateral, que no pretende negar los efectos sociales de esa política económica devastadora, de algún modo precipitó un poder que fortaleció las instituciones.
¿Cómo se salió del engendro económico de la convertibilidad? Con sangre, sudor y lágrimas, pero también a través de los resortes institucionales. Una democracia que sobrevive a una crisis es una democracia que se hace más fuerte. De modo que con viento de cola, instituciones sobrevivientes y un peronismo-partido único, la figura de Kirchner agregó un sentido histórico basado en su noción progresista: el 2001 se tragó un ciclo económico espantoso y permitió abrir uno nuevo, una experiencia sin paradigma, en un mundo que poco tardaría en sufrir las características estructurales de la crisis que Argentina –y el continente– ya habían soportado.
• • •
Escrito para un sobrecito de azúcar: de esa biografía pública que es Néstor Kirchner nos queda grabado el triste sabor final de que no pudo envejecer. Es tal el “mito del Néstor militante” que también aparecen en su recuerdo algunas mutilaciones, y se me ocurre una: la del derecho a vivir su tercera edad, una edad herbívora que le hubiera permitido el abrazo con viejos adversarios, el detalle del jardín de invierno en procura de silencio y el crecimiento de los nietos como el de una enredadera en el muro protegido de la casa.
Escrito para un sobrecito de azúcar: no vivas sin procurarte momentos en paz para pensar en tu muerte. Pensar en la muerte mejora la vida porque te hace más consciente del tiempo, y del tiempo que no hay que perder. Pensar en la muerte significa pensar más allá de lo tolerable. La reflexión sobre la propia finitud es una condición que podríamos pedirle como credencial a cada futuro líder. La vida full time de la rosca, ese día antártico, sin noche, empuja a un líder a invisibilizar qué de la vida está afuera de la historia. Si en los años 90 la figura de un político se ilustraba sobre ese afuera ocioso, lujoso, de vida abierta a la revista Caras, la “vuelta de la política” fecundó figuras como la de Néstor Kirchner: ¿qué de ellos está por afuera de la política? Sabemos que en el fondo nadie quiere morir, pero necesitamos también la imagen de alguien dispuesto a sacrificar su yo-colectivo, su altruismo, por su propia vida.
La democracia y la épica conviven, se nutren, se repelen también. El homenaje al tipo que cuando los médicos le dijeron que frenara no frenó no puede carecer de ese sabor agridulce: lo preferimos vivo y desentendido de nosotros. Lo interesante de Kirchner era –justamente- que no se trataba de un setentista de pura cepa, sino que por él, por su vida, por su cuerpo y por su forma de hacer política, también pasaron los años 90. Ahora, del relato, nos falta hacer visible esa cuota egoísta en una persona que se dedicaba a lo público día y noche: todo estaba confundido, la vida privada de la pública, el político de la persona. Y así. Ese punto destacado por sus fanáticos y detractores (el “animal político”, “no descansaba nunca”), eso, ahora, es un problema.
Ninguna muerte tiene mensaje porque nadie quiere morir. Pero no nos imaginamos a Néstor Kirchner en una cocina poniendo una radiografía contra la luz del foco para ver los detalles de una mancha negra, minúscula, cerca de un ojo. No lo imaginábamos escuchando el relato de una película. Ni apagando el celular. Ni con los siete monitores apagados delante de su cinta de correr por las mañanas. La muerte de Kirchner, más que en lo “insoportablemente vivo”, nos puede hacer pensar en que la vida era insoportable. Hay algo anti político que la fotografía de Kirchner nos debe, y que su mitología en construcción entierra aun más.
• • •
El 27-O fue celebrado centralmente en muchos barrios de clase media por parte de esa militancia que Kirchner ayudó a reconstruir, personas convertidas a identidades que no se reconocen como parte de la clase media (luchan contra ella, hablan en lengua “jauretchiana”). Y se enlaza sutilmente al 8-N: porque –en contraste- fue la marcha de los que no priorizan la historia, ni la política. Hay algo de vida antipolítica en ese paisaje de clase media urbana, consumista, de cola de Frávega; pero también en ese masivo grito de inseguridad, tan desconcertante para toda mente progresista, hay algo anti-histórico: algo que dice “la muerte no tiene sentido”. Estamos congregados en una enorme reunión de consorcio de la clase media, aceptémoslo. “Batalla cultural” es su nombre. Una foto muda del 8-N llegando por Corrientes, borroneados sus carteles, entra en el muro del Facebook de 678. Y pregunta frente a esa realidad efectiva: ¿cuáles son los recursos de diálogo del gobierno con esa plaza? ¿Sus políticos progresistas, Martín Sabbatella, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto o Guillermo Moreno? No. Hay más oído atento del otro lado del Riachuelo, en la bruma del elenco pejotista, siempre más marginado. El progresismo no se habla con sus vecinos.
• • •
Cuenta siempre Mario Wainfeld un encuentro casual con Néstor Kirchner, siendo presidente, donde éste le muestra un “papelito” que saca del bolsillo, en el que llevaba anotados los números de ventiladores y splits vendidos un verano ardiente. Un día cualquiera de los primeros años del primer gobierno. Néstor deducía que “los enemigos” iban a odiar a un promotor del consumo popular. No se equivocó. Pero llevaba ese papelito, ese número en el bolsillo. Y esa representación: gente abasteciéndose de placer.
El 8-N, de algún modo figurado, podría ser resumido (siempre injustamente) a la marcha de los consumidores del split y el ventilador de techo. La marcha del millón de los que no tienen sus sentimientos en la política y sí en la economía o en la vida. ¿Quién se niega a representar eso en una democracia? ¿Quién dice que eso no es pueblo argentino? Eso que está ahí, eso que habla de un ignoto pasado de armonía, para los gustosos del populismo laclausiano: ahí también hay un confuso pueblo en disponibilidad de ser representado. Porque el 8-N no incubó un 9-N, un 10-N, es decir, los días de un futuro distinto. Llegó hasta ese límite de articulación de la bronca y ya a las diez de la noche había tocado su vacío. ¿Qué podía verse del 8-N como fondo crítico, como gesto girando en falso y mordiéndose la cola? Un montón de gente que se quiere sacar el Estado de encima pero que simultáneamente pide más Estado. Gente protagonista e impaciente, difícil para aceptar la moderación de la política cuando llegue la hora de la representación.
Los caceroleros pueden tener la agenda de Clarín pero no a Clarín en su agenda. No hay articulación orgánica entre el 8-N y el 7-D. Ninguno de los puntos de la protesta incluyó la “no desinversión” del Grupo Clarín. Es obvio que los manifestantes no tienen como prioridad la ley de medios, no infieren decisiva la contradicción “política versus corporaciones” y ven a un gobierno fuerte, con mayoría parlamentaria y que con ello podría sumar más poder. ¿Y qué podrían pensar los que reclaman por las instituciones acerca de las intromisiones judiciales del Grupo Clarín o sobre los detalles de la gestión en Papel Prensa? No lo sabemos. Quizás lo saben y no les alcanza.
Pero por más esfuerzo semiótico en definir “lo político” de las maniobras mediáticas de Clarín, aun así, en estas horas, también se revela la distancia entre lo expuesto y la política a secas. Eso que Clarín no es (un partido, aunque actúe como si lo fuera) en un contexto de extrema politización también es una condición, un límite. Puede influenciar la justicia, la política, la gente, hasta un punto. Las versiones sobre sus poderes desproporcionados, donde Clarín está antes y después de todo, su metástasis en el orden democrático, también merecen algún sensato matiz.
• • •
¿Pero qué pasó el 8-N? ¿Qué exigen muchos frente a una manifestación? ¿Qué protocolos se pueden violar cuando se pisa la calle? ¿Hay formas mejores y peores de la plaza? ¿Hay una “plaza calificada” por izquierda, así como por derecha existió durante mucho tiempo la fantasía del voto calificado? El múltiple rechazo kirchnerista al 8-N, visto en las redes sociales y en programas periodísticos, tiene un aliento a vieja ilustración de izquierda: ¿cómo (con cuánta densidad ideológica) se puede ocupar la plaza? Tanto 678 como los artesanos que con su cámara interpelaron a la manera de estudiantes de TEA a los manifestantes fueron al extremo en el arte de la repregunta a personas más bien incautas o no preparadas en el arte de la sobremesa política, las charlas en el café La Paz o los plenarios hasta las 3 am para discutir la posición del partido frente a la crisis egipcia.
La multitudinaria marcha del 8-N soportó el peaje simbólico de quienes detentan el monopolio del uso de la plaza: la izquierda social que juzga como insuficientes los usos de los caceroleros de 2012. Cada cacerolero –según esas crónicas- parecería tener que dar explicaciones exhaustivas sobre la letra chica de su reclamo: de qué trabaja, qué significa inseguridad, ¿cómo combatirías vos la inflación? Esta “exigencia” de ciudadanía frente a una marcha puede parecer el síntoma de un elitismo que en nombre de lo popular asume rasgos contradictorios incluso con el discurso con el cual rechaza el 8-N. Es decir: trata a los manifestantes como glotones del modelo, angurrientos o avaros que sólo deberían asumir públicamente las realidades de otros para “pisar la plaza”. Pero cuando lo hacen (lo dicen) son instados a ajustarse a su situación puntual. Veamos un ejemplo: un hombre dice que se manifiesta por la “inseguridad” y el corresponsal le repregunta “¿pero a usted le robaron?”.
• • •
Efecto 2001: una democratización de la calle, una politización de lo privado que es insoportable para los oídos que sólo quieren oír la maravillosa música del pueblo argentino en clave emancipadora, obrera, sindical o libertaria. Efecto 2001: lo privado que se hace público es mucho más privado que antes. La irrupción de la figura del ahorrista en el lejano 2001, incluso por sobre la del desocupado, abrió un tajo sobre los protocolos de la ocupación del espacio público. Lo abrió hacia una intimidad jamás descubierta, la supuración individualista. Algo que en las décadas del 70, del 80 y del 90 se sostuvo con la impronta de la disciplina y la cultura militantes.
Es cierto: contra los movimientos de desocupados y contra las manifestaciones sindicales históricamente muchos medios y reporteros desplegaron argumentos racistas de descalificación muy en sintonía con algo del clima 8-N. “Vienen por el plan, vienen por el chori, los trae el puntero”. En ese borde graso se mueve siempre un discurso que valoriza lo espontáneo por sobre lo organizado. Es el rechazo a la política como necesidad. Pero casi diez años de crecimiento económico contribuyen a un juicio: ahora la clase media es el hecho maldito del país peronista. Y no en un sentido contradictorio sino filiatorio. Incluso el 8-N tuvo su correlato político-sindical: el 20-N, el paro promovido por las alas más duras de las centrales sindicales, quienes expusieron no la realidad de los marginados sino el conflicto de quienes ingresaron a la 4ª categoría y pagan Ganancias.
Ese núcleo duro de agenda, sumado a la resistencia a la nueva ley de ART, entre otras cosas (corriendo a un costado el primer plano político del paro) es sintomático de la tensión cultural en la que un proyecto de Estado (aun progresista como el kirchnerista) se entiende más con los necesitados y con los intereses empresariales que con ese magma de salvados que quieren más. Pasado en limpio, el paro del 20 fue de los trabajadores calificados, de los que por nivel de ingreso golpean las puertas de la clase media: los hijos del modelo que quieren reencauzar al padre del modelo. Hay algo del 20-N que terminó de cerrar el 8-N. De sellar.
Veámoslo así: según una tranquilizadora división de roles, la clase baja expresa sus necesidades, la clase alta sus intereses y la clase media sus deseos. La idea de clase media saca de las casillas porque enseña un aspecto sordo: el de los que hablan por sus bolsillos y carecen de necesidades básicas insatisfechas o de intereses de clase puros y duros. A la larga el kirchnerismo se entiende más con la coya humilde del desierto que recibe su netbook o con el empresario industrial poderoso más que con un tal Chazarreta (el camionero que cobra más de 18 mil pesos) o el vecino de Caballito o Palermo que junta los dólares que puede y sueña los dólares que quiere. Pero no es por defecto sino por efecto de poder: los intereses y las necesidades se gestionan, pero no hay una paritaria de los deseos.
“¿Qué quieren estos, qué más?”, es la pregunta fastidiosa frente a la dignidad de los salarios y la ansiedad de los asalariados. Ese aspecto no lo contábamos: la gente es gente y quiere más. El obrero calificado o el cuentapropista son más libres. Y odian al recaudador de impuestos. Es un nativo de la anti-política porque conoce a la AFIP y odia a la AFIP. Y para él la política es una caja. Usan –en tal caso– un discurso de movilidad ascendente no partisano (dicen: “Todo es posible si te rompés el lomo y tenés buenas ideas”). Sin ser taxativo, algo del 8-N también quiere entrar en el horizonte simbólico de Cristina a partir de un discurso anclado en la movilidad social individual y en la idea de una vida “normal”. Había carteles que decían: “Queremos un país normal”. Una cita inconsciente o no al primer eslogan de Néstor Kirchner. El kirchnerismo gobernó como gobernó porque empezó en el 2003 escuchando todavía el temblor doméstico del teflón, esa amenaza de una clase tan indomable como inabarcable.
* Periodista y escritor.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
CONQUISTAS Y CONTRADICCIONES DEL “PROGRESISMO POSIBLE”
Diez años luzPor Martín Rodríguez*
A una década de su llegada al poder, el kirchnerismo opera como si estuviera inmerso en una transición eterna, como si la herencia procesista, alfonsinista y menemista siguiera intacta. La “democratización” es una forma más de esta transición eterna de un gobierno que reparte de todo –escuelas, planes, universidades– menos poder.
Sub.coopn 1983 la notable revista Todo es Historia saludó la “vuelta democrática” con un número especial que exploraba la historia de la tortura en Argentina. La tapa llevaba el dibujo de un prisionero atado a una camilla y dos hombres trabajando sobre ese cuerpo, con un tambor de aceite lleno de agua al costado. Decía: “LA TORTURA: 170 años de vergüenza argentina”. Y una bajada que compendiaba el avance tecnológico: “del cepo al potro, de los azotes y estaqueadas a la picana, la violación, los perros bravos…”. Así, el orden establecido en 1976 aparecía como un “orden bárbaro”. Estado potro. El alfonsinismo significaba la ocupación civil de un Matadero. Un monstruo que domar. No un paraíso que habitar.
Pero si en los años 80 la democracia nacía huyendo de la ESMA, el final de esa década cambió el objeto del horror: los años 90 se inician huyendo de ENTEL. Siglas diferentes, que completaban una alergia al Estado en dos de sus mil caras, pero no cualquiera de esas caras. Ese promedio de liberalismo político primero (con los derechos humanos en el centro) y liberalismo económico después (con los derechos humanos en la periferia) constituye el bloque desarmable y confundido de la herencia kirchnerista: la que piensa que el 2003 es el primer año de un nuevo ciclo posterior al de 1976/2001, con la breve transición 2002-2003, el lodazal duhaldista necesario del que brotó “el loto kirchnerista”.
Por supuesto, se trata de una narrativa simplificadora. El kirchnerismo, tal como cuenta las cosas, parece haber nacido en 1983, con todas las herencias intactas: el aparato represor, Papel Prensa, el fracaso librecambista, etc. Y sin embargo, aunque son difíciles de decir, hay hechos tapados en los gobiernos previos a 2003. Menem, por ejemplo, terminó construyendo paradójicamente el disciplinamiento militar ideal para el posterior juzgamiento de derechos humanos (indultó y desabasteció a las Fuerzas Armdas a la vez) y el orden político (vía convertibilidad) con un primer gobierno civil fuerte capaz de gobernar la economía. Tal vez la democracia necesitaba eso y no importaba cómo: un gobierno sólido. El alfonsinismo fue el preámbulo del orden democrático y su hoja de ruta. Pero el 2001 barrió todos esos saldos posibles.
Con la percepción lúcida del resultado de esas décadas se produjo el primer gobierno progresista del peronismo (el “progresismo posible”) que se construyó subrayando todos los días que “la transición no terminó”, estirando el espejo procesista en su teoría de continuidades: Magnetto es Videla, Macri es Videla, el neoliberalismo es el genérico. Y con su intuición: una contradicción te lleva a la otra. Sin embargo, el primer gobierno de Kirchner (2003-2007) se rebeló contra enemigos del imaginario progresista que estaban fuera de la sociedad: FMI, fondos buitre, militares. Nadie se hizo cargo de defenderlos. Cuando le tocó al campo, conjeturó que el mismo imaginario ordenaba el conflicto. Kirchner dijo: “El campo es la oligarquía” y habló de ¡comandos civiles! Pero le hablaba al país sojero que ayudó a construir. Yuyo verde: el petróleo de este orden. Y ahí empezó lo que hoy conocemos: un kirchnerismo de segunda generación peleando en el centro de la sociedad contra una parte de ella. Diría más: en el centro de la clase media, y desatando la lucha de clases (medias): Lanata versus 6,7,8.
El Estado absorbió las tensiones, trasladó a su interior el desconcierto que había dejado la crisis y produjo un sistema de regulaciones de conflictos. Un orden que promueve sus crisis. La forma de control social que consiste en producir el conflicto para luego regularlo. El Estado absorbe y devuelve el conflicto a la sociedad, en un sistema más complejo y atento a las posibilidades graduables del caos. “A Kirchner no le gustaba ningún quilombo, salvo los que él promovía”, dicen quienes lo conocieron. Y la conclusión más contundente: la transición sí terminó. Nadie más poderoso que el Estado democrático es el resultado de estos años. El kirchnerismo teatraliza los dramas que puede y se hizo enorme, ocupó demasiado espacio. Pronto surgieron los cantos melancólicos del antiguo régimen: ¿cómo sacarnos de encima el kirchnerismo? Una identidad, un relato, una política reparadora llena de costos. Pero un modo de conquistar dos ansias: gobernabilidad con justicia social. Eso hizo. ¿Hay justicia social sin Estado autoritario?
En el 2001 se fueron los partidos, en el 2003 se empezaron a diluir las organizaciones sociales y se ordenaron los sindicatos en su tarea “natural”… Esa disolución de potenciales representaciones resultó irrefrenable, entonces la reconstrucción política tuvo como lugar exclusivo el Estado. ¿Qué es la política? Operaciones de asalto.
Pero si el kirchnerismo opera como si estuviera inmerso en una transición eterna, ¿hacia dónde estamos transitando? La transición fue un concepto importante del marxismo, ya que el socialismo era la sociedad de transición al comunismo. Luego vinieron los gobiernos de transición a la democracia. Pero el kirchnerismo, ¿hacia dónde transita? ¿Hacia lo que Kirchner llamó “un país en serio”? ¿Soberanía crediticia, soberanía monetaria, soberanía de las instituciones por sobre las corporaciones? Su gestión endeble en áreas fundamentales apunta a que su clave está en el “ritmo político”. Esa soberanía es clara: la del tiempo. Un proyecto que lo maneja.
• • •
En julio del 2012 se difunden las imágenes de “apremios ilegales” contra dos jóvenes en la comisaría número 11 de General Güemes, a 55 kilómetros de Salta capital. Detienen a los cinco policías implicados. Los denuncia el ministro de Seguridad provincial, con las grabaciones de los hechos como prueba. Las imágenes habían sido filmadas desde un teléfono celular por otro policía, que luego las subió a Internet. Los nombres de los jóvenes son Luis Mario Rodríguez y Miguel Ángel Martínez, de 17 y 18 años. Estaban detenidos por “hechos menores”. Ladronzuelos, los define un periodista de la radio estatal. Llegan al patio de la comisaría en calzoncillos: Rodríguez tiembla y se encorva. Está parado con el pelo mojado en el invierno rapado del calabozo a cielo abierto. A su lado, Martínez permanece de rodillas. Un policía lo sujeta de las muñecas, le lleva los brazos hacia atrás. Es una escena de Medio Oriente, de un Abu Ghraib salteño. De frente, el sargento Gordillo le pone la bolsa en la cabeza. Se percibe el know-how intacto: la eficacia del submarino seco y los baldazos de agua fría sobre el cuerpo. No va a haber marcas. “Basta, gordito”, parece que le dice Martínez en el mal audio del video. Las primeras crónicas acentúan el error y reproducen esa extraña familiaridad entre torturado y torturador. Gordillo es gordito pero Martínez no lo insulta, le dice: “Ya está Gordillo”. Ya está.
Martínez y Rodríguez quedaron en el medio de una interna policial que los ubicó en el encuadre de un celular con cámara y, después, en el blanco algoritmo viral de YouTube, la plataforma que permitió dar luz al caso, activar el reflejo social de su repudio y alentar la detención de los efectivos. El policía que los filmó primero desmintió, luego reconoció ante el juez Pablo Farah que subió el video. Versiones de disputas entre policías, de éste contra Gordillo, por una plata. 200 pesos.
Martínez tuvo la oportunidad de decir públicamente lo obvio: no era la primera vez que lo llevaban al patio. Hay quien dice: son rémoras de los años de plomo en el país de la libertad. ¿Qué tienen que ver los museos de la memoria con la tortura en una comisaría? ¿Existe algún hilo posible entre esos centros culturales y Gordillo? La relación de los derechos humanos y los hechos de tortura actuales –que persisten– ponen en tensión el federalismo tanto como las discusiones de co-participación. Es, en tal caso, un signo más de la inequidad territorial en la distribución del capital simbólico y cultural de los derechos humanos. Estado nacional y provincias: la polis de los derechos humanos, con sus señalizaciones, sus museos y baldosas, hace centro en la Historia, pero no puede terminar de proyectar su luz sobre el medioevo policial y penitenciario, monolítico. ¿Por qué nos sorprende que aún hoy se torture en una comisaría argentina? ¿Dónde existen las garantías para que eso no ocurra más? Una policía que casi no resuelve nada sin pasarse de la línea de lo lícito.
Hace algunos años, Videla decía en una entrevista: “En este momento en alguna comisaría de la provincia de Buenos Aires se debe estar torturando a alguien”. Videla en este tiempo decidió hablar, traer el fondo de mugre del río que sólo él puede dragar. En su voz mezcla razones de Estado, lógica militar y sentido común. Su argumento es la “tortura continua”. En el fondo, una conclusión: los pobres siempre sufrieron torturas. La tortura es clasista.
Pero la tortura asociada a la silueta militar tiene su propia línea de tiza: de eso ya no se habla. La larga marcha de estos años acabó por borrar con la suela lo que se escribió con mano de hierro: en las Fuerzas Armadas argentinas ya no se habla de tortura. No así. No en esos términos.
Un viejo soldado del Ejército Argentino al que conocí en Haití acepta hablar de este aspecto sensible. En 2003, en otro golpe de efecto de los primeros días de gobierno, sale a la luz un video sobre entrenamientos militares. Se veía cómo en plenos años 80 (presidencia de Alfonsín, nursery de la democracia que venía a iluminar la noche más larga) los militares todavía entrenaban bajo preceptos de la Guerra Fría y las técnicas de combate a la guerrilla. Eso incluía pruebas de tortura entre los propios soldados. Eso que escandalizaba tenía una razón de Estado que aún perdura: la formación de comandos.
“El curso –me explica– se llamaba ‘curso de comandos’, y lo que se denunció erróneamente era un ejercicio de campo de prisioneros. Este ejercicio era la continuación de otro ataque a un objetivo militar, y cuando éstos eran tomados prisioneros se estudiaba su comportamiento en la captura. En 1995 este ejercicio fue reducido, se sacó del programa el campo de prisioneros y se copió uno que se daba en el curso de selva de Manaos, en Brasil: menos tiempo y más exigencia. Actualmente sólo se incrementa durante un período de tiempo la presión psicológica sobre el cursante, a fin de obtener información y que éste no la brinde. No se aplican golpes o ninguna clase de tormento. Los cursos de comandos son monitoreados por profesionales médicos y psicólogos, y ante cualquier situación anómala se interrumpe el curso.”
¿Pero se habla de tortura en la formación? “No, no se habla de torturas, sólo se advierte que según el tipo de operaciones para las que los comandos son formados, ellos podrán ser tomados prisioneros. El ejercicio del campo de prisioneros buscaba desarrollar el instinto de supervivencia y autopreservación física y psíquica, con la finalidad de lograr evadirse de sus captores. Hoy en los ejercicios de presión psicológica en los que son sometidos se determina su comportamiento en situaciones de stress extremo, y su capacidad de negar información vital a quien se la requiera”.
Según el primer informe anual del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos presentado en 2012, sólo en 2011 se produjeron 791 casos sobre un total de 436 víctimas, en 6 cárceles federales, 21 unidades del Sistema Penitenciario Bonaerense y 3 institutos provinciales para adolescentes. Por el momento el Registro tiene una función testimonial, a pesar de que a fines de 2011 Diputados aprobó su implementación y la del Mecanismo Nacional de Prevención que lo contiene y lo vuelve algo más que una acumulación estadística. Sin embargo, el proyecto aún cabecea en el Senado. En tres décadas de democracia partes del Estado siguen siendo un potro indomable.
• • •
En diez años, el kirchnerismo repartió todo menos poder: repartió planes, contratos, cargos, escuelas, universidades, hospitales. Todo menos poder. Los torturados de Salta tienen un protector, pero lejos. En este sentido el gobierno es como Batman: baja sobre el problema que elige, pero en el medio no hay nada. Su poder también reside en la exclusividad de ese poder. De allí es que está rodeado por más consumidores de poder que productores de poder. Sólo concebido en esa autoridad altísima se explica porqué echó del templo a políticos y sindicalistas con proyección. Y se rodeó de “cuadros y base”. Le faltan siempre políticos.
Pero también el kirchnerismo, insistimos, reescribe la lengua marxista: troca la idea comunista de “revolución permanente” por el republicanismo sucio de la “transición permanente”. Lo que la lógica de la 125 fijó: si el campo es la oligarquía pero lo cuentan como si fueran Los Ingalls, entonces hay que ir por quienes lo cuentan: ¿Qué te pasa, Clarín? Y si Clarín es el monopolio de sentido, entonces habrá que serruchar la rama que lo sostiene: el Poder Judicial en el cielo de las cautelares. ¿Y con quién se lidia? Con la ensalzada Corte Suprema que supieron concebir. Un problema, entonces, empieza a ser la herencia del primer gobierno kirchnerista de “paz y amor”, en el que se tomaron algunas “decisiones apresuradas” (la fusión de Cablevisión por ejemplo). Porque durar diez años tiene algo de morderse la cola.
Un gobierno de intensidad al que no le importan las estadísticas, que destruyó el INDEC, que prioriza el porvenir inmediato en el que todo obstáculo se puede “democratizar”. Ese estilo es su perdición. Sin sintonía fina, con la “democratización” ocurre como con la Ley de Medios: mucho bosque y pocos árboles. Un canto en la rama: “pluralidad”, “multiplicidad”, “radios comunitarias”, riman bien, pero lo que debe regular el Estado es la aplicación de una ley que desciende a un nido de víboras de un negocio cuya única criatura bíblica se llama Magnetto, pero que esconde otras, muchas de ellas “amigas” del Palacio… El kirchnerismo, en esa ley, centró su dialéctica de la democracia, llena de relato y silencios. Democratizar, en conclusión, será hacer la transición infinita.
• • •
Sopla el viento en Vaca Muerta. El Estado en el desierto espera cumplir el augurio: la estimación de las reservas de petróleo que posee ese perímetro de suelo neuquino. Lobby en busca de recursos, muchos. La esperanza huraña en ese pozo palpitante: la naturaleza está de nuestro lado, gran sentimiento argentino. Al costado del camino. Soja y petróleo.
Kirchnerismo: diez años luz de Sociedad & Estado.
* Periodista.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
Edición Nro 159 - Septiembre de 2012
Hospital Borda, Buenos Aires, julio de 2011 (Sub.coop)
UN RÉGIMEN FISCAL QUE GENERA DESIGUALDAD
La originalidad argentinaPor José Nun*
El mayor desafío de Argentina es revertir la desigualdad económica, impulsando una fuerte redistribución progresiva del ingreso, principalmente a través de la captación fiscal. Para ello es fundamental poner en práctica una reforma estructural del sistema impositivo, impidiendo un retroceso que convierte al país en un caso único en el mundo.
esulta bastante curioso, decía Ludwig Wittgenstein, que uno pueda “ver” una interpretación. Y, sin embargo, “vemos” interpretaciones todo el tiempo. En un desocupado, por ejemplo, un neoliberal “ve” a alguien con pocas ganas de trabajar y un socialista, a una persona que necesita ayuda. De manera parecida, un par de editoriales recientes de la revista conservadora británica The Economist nos han explicado que una cosa es el intervencionismo estatal y otra, el pragmatismo. Para que se entienda: que el Estado se dedique a rescatar bancos dedicados a la especulación o empresas inmobiliarias que estafaron al público no debe ser “visto” como intervencionismo sino como pragmatismo.
En forma análoga, si sólo se dirige la mirada al período 2002/2010, la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población argentina se redujo en un 30%. Pero si la comparación parte de 1975, esa brecha se amplió casi 3 veces y sigue creciendo (y todo esto sin considerar la notoria magnitud de los ingresos que el decil más próspero omite declarar). Pasa que también las diferencias que percibimos y los significados que les damos son producto de interpretaciones. Claro que, en cualquiera de las alternativas, no hay duda de que hoy es perentorio buscarle remedio a la desigualdad económica imperante y que el camino más seguro para hacerlo es impulsar una fuerte redistribución progresiva del ingreso. Se trata de sacarles a unos para darles a otros a través de un proceso que debe centralizar necesariamente el Estado. Para ello éste cuenta con una herramienta fundamental que es el gasto público. Sólo que para poder gastar (por ejemplo, en obras de infraestructura o en programas sociales), debe antes disponer de fondos.
¿Cómo puede conseguirlos? Hay básicamente tres maneras. La principal es, por lejos, la recaudación de impuestos. Las otras dos son, por un lado, las eventuales ganancias que generen las empresas públicas y, por el otro, el endeudamiento interno y/o externo. En síntesis: redistribuir ingresos para promover una mayor igualdad implica hoy en Argentina plantearse no sólo la cuestión del gasto público sino también el problema de la captación fiscal de los recursos que hagan falta. Es a este tema que estarán dedicadas las reflexiones que siguen.
1 Desde los tiempos de la Revolución Francesa, se distingue entre la progresividad y la regresividad de un régimen tributario. La primera supone que, en términos de justicia social, los gravámenes sean proporcionales a los ingresos de modo que pague más el que más tiene y que el que no tiene, no pague.
Se trata de un punto fundamental pues, a ese fin, no basta simplemente con un aumento en la percepción de impuestos por más que se incrementen así los fondos disponibles. Una mayor igualdad depende de la estructura de la política fiscal mucho más que del nivel de la recaudación. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un subsidio a los alimentos que consumen los sectores más pobres que fuera financiado en gran parte por ellos mismos a través del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El efecto redistributivo del subsidio sería probablemente nulo.
Dicho de otra manera, el mayor o menor impacto redistributivo del gasto público comienza por el diseño mismo del sistema tributario que se aplique. Por desgracia, en nuestro país (y en varios otros de América Latina), los impuestos en su conjunto acaban casi siempre no disminuyendo sino, peor aun, aumentando la desigualdad. Claro que es raro que se hable de esto porque, entre otras cosas, los beneficiarios de la situación y sus “expertos” se empeñan en presentar el asunto como tan complejo que el ciudadano común no estaría en condiciones de entenderlo y, por añadidura, a muchos políticos les conviene “mirar” hacia otro lado.
2 En lo que más importa aquí, desde mediados del siglo XX hasta ahora la estructura tributaria argentina ha avanzado escasamente en materia de reformas tendientes a mejorar la distribución del ingreso. Por el contrario, gran parte de las medidas adoptadas tuvieron efectos regresivos. Llama la atención que cincuenta años atrás esa estructura fuese más parecida a la del mundo desarrollado que a las del resto de las naciones de América Latina; que el impacto distributivo de la acción fiscal resultara entonces muy superior al actual, y que existiese también una mayor igualdad. El retroceso que se produjo nos convierte en un caso bastante único en el mundo.
Sucede que una de las desafortunadas originalidades argentinas consiste en haber pasado de la estructura tributaria progresiva que instaló el primer peronismo (paga más el que más tiene) a la estructura regresiva que montó la última dictadura militar (paga menos el que más tiene) y que todavía sigue en pie, compensada parcial y coyunturalmente por las retenciones al agro y otros gravámenes. Veamos, a modo de ilustración, algunas de sus características más llamativas.
Los beneficiarios del exitosísimo modelo primario exportador que se aplicó en Argentina desde fines del siglo XIX se ocuparon de preservar muy bien sus rentas, mientras hacían que el Estado se endeudase. De ahí que recién en 1930 se introdujera en nuestro país el impuesto a las ganancias –llamadas por entonces “réditos”–. Pero hubo que esperar otros veinte años para que el tributo adquiriese alguna importancia, que fue perdiendo después. Tanto es así que recién en el año 2000 volvió al nivel de 1952 (3,4% del PIB).
Pero hay algo todavía más grave y es el modo mismo en que se recauda este impuesto, o sea, su estructura. Y esto al punto de que especialistas como Oscar Cetrángolo o Juan Carlos Gómez Sabaini “ven” seriamente afectada su progresividad. Y tienen razón.
Para entenderlo, el primer paso consiste en advertir que la mayor parte de lo que se percibe por este rubro no lo abonan las personas físicas sino las sociedades comerciales. Después, es preciso tener en cuenta que, dado el alto grado de concentración económica que existe en Argentina, abundan las ramas dominadas por muy pocas empresas, que actúan como formadoras de precios (1). La consecuencia es que, toda vez que pueden, les trasladan el tributo a sus compradores a través del precio que les fijan a los bienes y servicios que proveen. O sea que, por vía directa o indirecta, el impuesto lo terminan pagando muy frecuente y paradójicamente los consumidores finales.
La pregunta obvia es si acaso no ocurre lo mismo en los países desarrollados. Si ponemos a un lado los temas nada menores de las alícuotas y de la evasión (que suele ser allí cuatro o cinco veces inferior a la nuestra), la respuesta debe ser afirmativa. Pero la diferencia crucial es que, por lejos, el impuesto a las ganancias que pagan las personas físicas constituye en esos casos el componente decisivo desde el punto de vista de la progresividad. Alcanza con decir que, entre nosotros, este componente ronda apenas el 30% del total que aporta el tributo frente al 72% que, en promedio, recogen por idéntico concepto las naciones avanzadas. (En Estados Unidos, por ejemplo, el 60% de la población económicamente activa paga ganancias; en Argentina, sólo un 4%). Más aun: incluso el promedio latinoamericano (40%) es superior al argentino y en Brasil y Chile alrededor de dos tercios de la recaudación por este tributo proceden de las personas físicas.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? Gracias a las numerosas exenciones que benefician a las rentas del capital que poseen los individuos, tales como las que se generan por la compraventa de acciones, por los dividendos, por las transacciones financieras, por los intereses de los títulos públicos, etc. Varias de estas desgravaciones fueron eliminadas en Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, México y Paraguay y no rigen en casi ningún país desarrollado.
En términos redistributivos, el problema es doble. En primer lugar, en lo que hace al volumen global de los aportes por ganancias (sociedades y personas físicas) medido como porcentaje del PIB, la media de los países avanzados es casi tres veces superior a la nuestra, aunque ésta haya aumentado en los últimos años al 5,5%. Y, a la vez, la propia composición del tributo restringe considerablemente sus alcances progresivos. Ocurre que incluso aquel magro 30% que contribuyen las personas físicas mejora sólo en parte la progresividad del impuesto.
¿Por qué? Porque quienes no pueden eludirlo son los trabajadores en blanco ya que se les deduce de su salario. De resultas de esto, un 80% de lo que se cobra por ganancias personales proviene de los salarios y sólo el 20% restante corresponde a otras fuentes. Se entiende que, en un contexto inflacionario como el actual, los sindicatos reclamen que se eleve el mínimo no imponible a partir del cual los trabajadores deben pagar. Lo sorprendente es que no digan una palabra acerca del modo mismo en que opera el tributo en nuestro país y, peor todavía, que algunos dirigentes gremiales hayan pedido su eliminación lisa y llana.
A todo lo cual se suma el gravísimo problema de la evasión, que se estima en bastante más del 50% (según un cálculo oficial conservador, en 2010 los depósitos en el exterior no declarados superaban el 36% del PIB). Si se le añade a esto la elusión fiscal (uno de cuyos signos más ostensibles es la proliferación de fideicomisos), la conclusión que se impone es que, entre nosotros, una parte sustancial de este impuesto simplemente no se recauda.
3 Las ilustraciones de eso que llamé la “originalidad argentina” podrían multiplicarse (2). Así, es ínfimo lo que se percibe en concepto de gravámenes patrimoniales. El impuesto sobre los bienes personales aporta escasamente un 0,6% del PIB, o sea entre 15 y 20 veces menos que la media de los países desarrollados. En cuanto al impuesto inmobiliario que recaudan las provincias, su magnitud fue descendiendo desde la crisis del 2001 y todavía es inferior al 0,5% del PIB. Además, la última dictadura militar abolió el impuesto a la herencia y hasta ahora no ha sido restablecido (salvo desde 2011 en la provincia de Buenos Aires).
Como contrapartida, un tributo indirecto y regresivo como el IVA tiene una elevada alícuota general del 21% y, cuando se le suman los impuestos a las ventas que cobran las provincias, el total de los gravámenes al consumo más que duplica lo que se recauda por ganancias y por impuestos patrimoniales, afectando sobre todo a los sectores de menores ingresos. No sólo esto: entre quienes embolsan esos pagos, uno de cada dos después no los liquida al fisco.
4 Dos reconocidos especialistas, en un importante estudio basado en datos del INDEC de 2010 (sobre cuya calidad ellos mismos previenen), parecerían contradecir algunas de mis afirmaciones (3). De acuerdo a sus cálculos, existiría en el país una redistribución del ingreso “levemente progresiva”. Pero esto se debe fundamentalmente al aumento y recomposición del gasto público que, entre 1997 y 2010, varió del 30,3% al 45,5% del PIB. Gracias a ello, las partidas otorgadas a educación pasaron del 2,9% al 4,4% del PIB; las de salud, del 4,6% al 6,3%, y las asignaciones familiares, del 0,6% al 1,2%.
No obstante, insisto, la estructura de fondo del sistema impositivo no ha sido modificada. Desde luego, hubo que apelar a una serie de medidas fiscales que hicieran posible por lo menos en parte un incremento como el mencionado. Es lo que ha ocurrido, ante todo, con la incorporación de los derechos de exportación (retenciones) y del impuesto sobre débitos y créditos bancarios que, sumados, representan un 4% del PIB. Después, se incrementó la participación del impuesto a las ganancias al ampliarse su base en virtud de la suba de los ingresos y de la inflación; y se eliminó el régimen de capitalización individual para el sistema de seguridad social.
Pero cito a Rossignolo: “La evolución de los ingresos tributarios no sólo ha estado sustentada en la favorable evolución de los gravámenes tradicionales (ganancias, IVA y otros) sino también en los recursos generados por una serie de gravámenes cuya permanencia en el largo plazo resulta difícil justificar, y que necesariamente requerirán ser reemplazados por otros tributos que respondan a los objetivos indicados de transparencia, equidad y simplicidad”. O sea que no ha habido hasta ahora una modificación orgánica del régimen fiscal que genera desigualdad. Por eso agrega el mismo autor: “Será necesario que se vaya abandonando poco a poco el uso de gravámenes transitorios y que la recaudación fiscal se sostenga sobre instrumentos de mejor calidad y recurrencia a lo largo del tiempo”.
Más todavía cuando los ajustes practicados no han sido óbice para que: (a) el 20% más pobre de la población continúe soportando una presión tributaria mayor que la que recae sobre el 10% más rico, y (b) las cargas sobre el consumo interno superen en más de un 50% a los impuestos sobre las rentas (incluidas las retenciones). En síntesis: se torna “visible”, espero, que promover una mayor igualdad que sea sustentable en el tiempo exige poner en práctica cuanto antes una profunda reforma impositiva.
5 No es fácil hacerlo, sobre todo si se le pretende dar a esta reforma el carácter orgánico que requiere. Su sola mención pone de inmediato en estado de alerta a los sectores que serían afectados y no suscita necesariamente el apoyo de quienes resultarían favorecidos. Me explico.
Parodiando una conocida propaganda, aquí y en todas partes la elite económica está siempre “custodiada por expertos”. Y una de las principales tareas de estos custodios es anticiparse e impedir cambios normativos que la perjudiquen o, si no pueden evitarlos, movilizarse para quitarles filo. (Baste como ejemplo el escándalo que acaba de producirse en la provincia de Buenos Aires debido al revalúo de los inmuebles agrarios y al aumento del Impuesto Inmobiliario Rural. Esa actualización, por demás módica, es la primera que se hace en quince años; y en cuanto al gravamen mismo, no afecta para nada a casi dos tercios de los predios rurales y, en los hechos, sólo una tercera parte de aquel revalúo incide sobre la base imponible. No obstante, se desencadenó una agitación mayúscula y la protesta continúa).
A la vez, el respaldo popular a las reformas nunca es inmediato debido a todas las instancias que deben sortear antes de plasmarse en beneficios sociales concretos. Para retornar a lo ya dicho, son reinterpretaciones de la realidad que tardan en “verse” porque, en el mejor de los casos, el procesamiento e implementación de las medidas integrales a las que me refiero demanda un par de años.
Este último es uno de los motivos por los cuales tanto los gobernantes como buena parte de los políticos absorbidos por el día a día suelen hablar de la reforma fiscal pero no se empeñan en llevarla adelante: saben que los obstáculos son muy grandes y no tienen ninguna certeza de que serán ellos quienes cosechen los frutos del esfuerzo. Además de que, como viene de sostener convincentemente Colin Crouch, en el capitalismo contemporáneo las grandes corporaciones no son parte del mercado sino del sistema político (4).
De ahí que una de las tareas urgentes e imprescindibles a cumplir sea el esclarecimiento de la opinión pública. Hay que sacar a la luz, para que se “vean”, los aspectos regresivos de nuestra actual estructura fiscal. Alcanza con descorrer el velo para advertir que ni sus causas ni sus efectos son tan inaccesibles para el ciudadano medio como se imagina. Sólo de este modo, genuinamente democrático, podrán crearse las condiciones para que la reforma tributaria se vuelva un reclamo popular difícil de desoír.
1. En las últimas dos décadas, las 200 empresas de mayor facturación en el país aumentaron en un 40% su participación en el valor bruto de la producción nacional; 117 de ellas son grandes firmas extranjeras que dan cuenta del 60% de las ventas de ese segmento. Véase Daniel Azpiazu, Pablo Manzanelli y Martín Schorr, Concentración y extranjerización. La Argentina en la posconvertibilidad, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011.
2. Véase José Nun, La desigualdad y los impuestos. Introducción para no especialistas, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011.
3. Jorge Gaggero y Darío Rossignolo, El impacto del presupuesto sobre la equidad. Argentina 2010, Documento de Trabajo Nº 40,
CEFID-AR, Buenos Aires, septiembre de 2011.
4. Colin Crouch, The Strange Non-Death of Neoliberalism, Polity, Cambridge, 2011. De próxima publicación en Capital Intelectual.
* Fundador y director honorario del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. Ex secretario de Cultura.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
Edición Nro 159 - Septiembre de 2012
EL DESAFÍO DE RECREAR UNA COALICIÓN POLÍTICA
Dónde se apoya el gobiernoPor María Esperanza Casullo*
La socialdemocracia es, más que una serie de medidas de gobierno, una coalición político-social. Mediante su alianza con los sindicatos y parte de los sectores medios, desde 2003 el kirchnerismo se apoyó en una coalición cuasi-socialdemócrata. El reto, ahora, es reconstruirla.
ay varias maneras de intentar comprender a un gobierno: según sus políticas públicas, según su discurso, según su estrategia parlamentaria. Entre todas ellas, una perspectiva necesaria tiene que ver con el análisis de la coalición social que le da sustento. El análisis coalicional del kirchnerismo es especialmente interesante, dados los rasgos originales de su coalición política. De alguna manera, el kirchnerismo, desde 2003 hasta 2008 (y luego por momentos), se acercó a lo que podríamos llamar una coalición socialdemócrata viable. Sin embargo, esta configuración podría estar cambiando.
La socialdemocracia es, antes que un conjunto de políticas públicas, una cierta coalición política que las hace posibles. Como explica Luebbert (1), el ascenso de la socialdemocracia durante la entreguerra sólo fue posible en aquellos países en los que se dio una alianza entre sectores obreros y sectores de la clase media rural (luego urbana). En los países nórdicos, esta coalición de clases posibilitó que amplias mayorías parlamentarias dieran sustento a la construcción de Estados de Bienestar expansivos, financiados vía impuestos a las ganancias. (Esta fórmula fue tan exitosa que el Partido Socialdemócrata sueco dominó la política de su país durante setenta años.) En otros países, como Gran Bretaña, la socialdemocracia no llegó a enraizar porque las elites y los partidos conservadores pudieron persuadir a las clases medias, e inclusive a sectores de las clases trabajadoras, de que sus intereses coincidían y que los sindicatos eran potencialmente peligrosos.
Ensayos socialdemócratas
Decía Torcuato Di Tella que la constitución de una socialdemocracia en nuestro país sólo sería posible cuando pudieran combinarse dentro de una misma “casa” política dos elementos: la presencia de organizaciones sindicales, y una intelligentzia tecnocrática proveniente de las clases medias (2). Pero ni la socialdemocracia ni un orden liberal pudieron estabilizarse durante el siglo XX. Una de las claves de la crónica inestabilidad política argentina desde 1945 hasta 1983 radica en la coexistencia de dos coaliciones fuertes pero no dominantes. Así, mientras el peronismo dominaba la política electoral gracias a su virtual monopolio sobre el voto de las clases populares, era vulnerable al terco antiperonismo de las clases medias urbanas y a los boicots económicos de los sectores empresarios. Al mismo tiempo, las elites económicas nunca pudieron (o quisieron) construir una coalición que, basada en la clase media urbana, pudiera disputarle las clases populares al peronismo (como sí lo hicieron, por caso, las elites uruguayas).
Este empate hegemónico pareció romperse con la victoria de Raúl Alfonsín en 1983. Para sorpresa de muchos, Alfonsín ganó aún en distritos históricamente peronistas como la provincia de Buenos Aires. En ese entonces muchos se congratularon con la inauguración de una socialdemocracia posible en Argentina: expresada partidariamente en la UCR, hegemonizada por los sectores más modernos de la clase media y enraizada en la nueva capacidad del partido de captar a los sectores populares. Esta experiencia proto-socialdemócrata, sin embargo, terminó en fracaso.
Para algunos, la utopía de la socialdemocracia posible revivió con el kirchnerismo. Lo cual fue notable, dado que Néstor Kirchner tuvo que construir su coalición desde cero. Sin embargo, Kirchner en apenas dos años logró disciplinar al peronismo, y no sólo construyó una sólida alianza con los sindicatos y los movimientos sociales de trabajadores desocupados sino que pudo atraer a una parte, al menos, de las clases medias urbanas. Hacia ellas dirigió no sólo recursos sino, más aun, una política simbólica y cultural que rompió con algunas de las apelaciones más típicamente peronistas para abrirse a temáticas como los derechos humanos, las reivindicaciones de las minorías y la unidad latinoamericana. Con apoyo sindical, un programa de gobierno de ampliación de derechos y cierto apoyo de la clase media, el kichnerismo parecía estar en camino a convertirse en lo que el alfonsinismo no pudo ser.
Escenarios
¿Significa esto que el kirchnerismo inauguró, ahora sí, el tránsito hacia una socialdemocracia posible? Esta opción no puede descartarse, pero tampoco es un dato seguro. Por una parte, la amplitud de la victoria de Cristina Kirchner en 2011, luego de la derrota del Frente para la Victoria en 2009, parecería dar sustento a la primera idea, sobre todo considerando el buen resultado obtenido en las áreas urbanas, que incluyó la victoria en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, algunos movimientos recientes del gobierno parecerían ir en contra de una eventual consolidación socialdemócrata. Por un lado, la agudización del conflicto con Hugo Moyano podría poner en cuestión la solidez de su alianza con el sindicalismo. Por otro, la reciente prohibición de comprar dólares apunta directamente al corazón de los hábitos económicos de la clase media. Por supuesto, las coaliciones de apoyo no están dadas de una vez para siempre y un gobierno que acaba de reelegirse con el 54% de los votos tiene cierta plasticidad (sobre todo con una oposición dispersa y débil).
En este contexto, tres escenarios parecen posibles. El primero es rearmar la coalición original kirchnerista rápidamente. Esto requeriría terminar el conflicto con Moyano de una manera que deje intacta la autoridad de la central sindical y flexibilizar los controles al dólar apenas la situación económica, que aparenta ser más favorable en el segundo semestre, lo permita. Esta podría llamarse la estrategia de continuidad.
Pero existen al menos otras dos alternativas. La primera podría ser un giro hacia una coalición de “ricos y pobres” similar a la que sostuvo a Carlos Menem. Una salida de este tipo implicaría constituir una alianza con algún sector de la elite económica que pueda complementarse con la construcción de lazos electorales con los sectores populares, sobre todo aquellos sin representación sindical. Esta sería la estrategia neo-populista. Obviamente, nada es completamente imposible en política, y el kirchnerismo se ha caracterizado por su capacidad de sacar conejos de su galera. Sin embargo, este escenario no parece muy probable dada la escasez de puentes entre el gobierno y los sectores empresarios y la abierta guerra con algunos actores económicos de peso, como el Grupo Clarín.
La otra alternativa analíticamente posible es una coalición similar a las que sostienen a Rafael Correa en Ecuador y a Hugo Chávez en Venezuela. Esto supone dar por perdidas a las clases medias, dejar de lado las organizaciones partidarias o sindicales tradicionales y reemplazar las mediaciones institucionales por apelaciones directas a las clases populares. Esta sería la estrategia populista de izquierda. Pero ciertos factores hacen difícil pensar en esta posibilidad: el PJ tiene una innegable fuerza propia en tanto aparato partidario y red de poder territorial; las clases medias argentinas (fortalecidas luego de diez años de crecimiento económico) tienen más peso que sus contrapartes ecuatorianas o venezolanas, y el sindicalismo, también potenciado en estos años, es un factor de poder importante.
En síntesis: en una sociedad compleja, con una clase media importante y con altos niveles de acción colectiva (institucionalizada en sindicatos, movimientos sociales, ONG, cámaras empresarias), y en el contexto de una alta volatilidad de la opinión pública, parece que el kirchnerismo está casi obligado a recrear la coalición cuasi-socialdemócrata que lo sostuvo hasta aquí. Esto no significa, sin embargo, que sea una tarea fácil, mucho más en un contexto de desaceleración económica y menos holgura fiscal, ya que estas coaliciones se sostienen en gran medida en base a la distribución de recursos. Y, aun en un escenario de debilidad de la oposición, las tensiones en el interior de una coalición como la descripta son inevitables: fortalecer a los sindicatos, por ejemplo, redunda en paros y huelgas, los cuales, como se vio durante el reciente conflicto del subte, terminan afectando a la clase media y a los sectores populares.
Mantener esta coalición en el tiempo, determinar sus fronteras de inclusión y exclusión y negociar sus tensiones internas es el principal desafío que enfrenta hoy la Presidenta. Se trata ciertamente de una tarea difícil, dado que, además, hoy la reelección está vedada. Pero de su éxito depende si avanzamos hacia una socialdemocracia vernácula o si ésta seguirá siendo un horizonte que se aleja.
1. Gregory M. Luebbert, Liberalism, Fascism or Social Democracy, Oxford University Press, Nueva York, 1991.
2. Torcuato Di Tella, Hacia una estrategia de la socialdemocracia en Argentina, Punto Sur, Buenos Aires, 1989.
* Politóloga.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
Edición Nro 162 - Diciembre de 2012
Cacerolas y protestas el 8-N (Sub.coop)
NUEVOS ACTORES Y TEMAS EN UN AÑO CLAVE PARA EL GOBIERNO
Medios, paros y cacerolasPor Martín Rodríguez*
Aunque diferentes, el cacerolazo del 8-N, el paro general de parte del sindicalismo del 20-N y el conflicto con Clarín por el 7-D implican desafíos nuevos al gobierno, que debe responder a un sector de la sociedad que se mueve más por sus deseos que por sus necesidades o sus intereses.
ías antes del 8-N se ofició el espectáculo callejero del recuerdo a dos años de la muerte de Néstor Kirchner. Militantes kirchneristas pintando plazas bajo el lema “insoportablemente vivo”, como un modo de celebrar el recuerdo de un líder inolvidable. Si nos abstraemos de su pasado pre 2003, de su desempeño eficaz en la gestión de una lejana provincia casi deshabitada y rica, y si tomamos la impronta que definió la identidad kirchnerista como un plus por encima del soporte peronista, diríamos que fue –entre otras cosas, claro- un auténtico político de clase media, con preocupaciones peronistas básicas (gobernabilidad y estabilidad económica) pero que incorporó una agenda (¿liberal de izquierda?) a la vez que una recuperación de la mística militante, y con eso tramó un gobierno que tocó las notas de la sinfonía pendiente de la agenda alfonsinista y frepasista. Algo del “no pude” de Alfonsín y Chacho estuvo en la impronta inmediata del kirchnerismo como deuda a saldar.
Néstor Kirchner, en condiciones irrepetibles, logró consumar, con todos los ritos simbólicos, lo que ya había ocurrido: la transición democrática. Que requería una ceremonia final. Una transición que se afianzó con el gobierno poderoso de Carlos Saúl Menem a través de una bomba de tiempo económica llamada convertibilidad, que tuvo un efecto político paradójico en el mediano plazo: permitió el gobierno de la economía por parte de un régimen democrático, lo cual consolidó lo que parecía imposible, es decir, que un gobierno civil acumulara poder sólido y legitimidad popular. Ese detalle lateral, que no pretende negar los efectos sociales de esa política económica devastadora, de algún modo precipitó un poder que fortaleció las instituciones.
¿Cómo se salió del engendro económico de la convertibilidad? Con sangre, sudor y lágrimas, pero también a través de los resortes institucionales. Una democracia que sobrevive a una crisis es una democracia que se hace más fuerte. De modo que con viento de cola, instituciones sobrevivientes y un peronismo-partido único, la figura de Kirchner agregó un sentido histórico basado en su noción progresista: el 2001 se tragó un ciclo económico espantoso y permitió abrir uno nuevo, una experiencia sin paradigma, en un mundo que poco tardaría en sufrir las características estructurales de la crisis que Argentina –y el continente– ya habían soportado.
• • •
Escrito para un sobrecito de azúcar: de esa biografía pública que es Néstor Kirchner nos queda grabado el triste sabor final de que no pudo envejecer. Es tal el “mito del Néstor militante” que también aparecen en su recuerdo algunas mutilaciones, y se me ocurre una: la del derecho a vivir su tercera edad, una edad herbívora que le hubiera permitido el abrazo con viejos adversarios, el detalle del jardín de invierno en procura de silencio y el crecimiento de los nietos como el de una enredadera en el muro protegido de la casa.
Escrito para un sobrecito de azúcar: no vivas sin procurarte momentos en paz para pensar en tu muerte. Pensar en la muerte mejora la vida porque te hace más consciente del tiempo, y del tiempo que no hay que perder. Pensar en la muerte significa pensar más allá de lo tolerable. La reflexión sobre la propia finitud es una condición que podríamos pedirle como credencial a cada futuro líder. La vida full time de la rosca, ese día antártico, sin noche, empuja a un líder a invisibilizar qué de la vida está afuera de la historia. Si en los años 90 la figura de un político se ilustraba sobre ese afuera ocioso, lujoso, de vida abierta a la revista Caras, la “vuelta de la política” fecundó figuras como la de Néstor Kirchner: ¿qué de ellos está por afuera de la política? Sabemos que en el fondo nadie quiere morir, pero necesitamos también la imagen de alguien dispuesto a sacrificar su yo-colectivo, su altruismo, por su propia vida.
La democracia y la épica conviven, se nutren, se repelen también. El homenaje al tipo que cuando los médicos le dijeron que frenara no frenó no puede carecer de ese sabor agridulce: lo preferimos vivo y desentendido de nosotros. Lo interesante de Kirchner era –justamente- que no se trataba de un setentista de pura cepa, sino que por él, por su vida, por su cuerpo y por su forma de hacer política, también pasaron los años 90. Ahora, del relato, nos falta hacer visible esa cuota egoísta en una persona que se dedicaba a lo público día y noche: todo estaba confundido, la vida privada de la pública, el político de la persona. Y así. Ese punto destacado por sus fanáticos y detractores (el “animal político”, “no descansaba nunca”), eso, ahora, es un problema.
Ninguna muerte tiene mensaje porque nadie quiere morir. Pero no nos imaginamos a Néstor Kirchner en una cocina poniendo una radiografía contra la luz del foco para ver los detalles de una mancha negra, minúscula, cerca de un ojo. No lo imaginábamos escuchando el relato de una película. Ni apagando el celular. Ni con los siete monitores apagados delante de su cinta de correr por las mañanas. La muerte de Kirchner, más que en lo “insoportablemente vivo”, nos puede hacer pensar en que la vida era insoportable. Hay algo anti político que la fotografía de Kirchner nos debe, y que su mitología en construcción entierra aun más.
• • •
El 27-O fue celebrado centralmente en muchos barrios de clase media por parte de esa militancia que Kirchner ayudó a reconstruir, personas convertidas a identidades que no se reconocen como parte de la clase media (luchan contra ella, hablan en lengua “jauretchiana”). Y se enlaza sutilmente al 8-N: porque –en contraste- fue la marcha de los que no priorizan la historia, ni la política. Hay algo de vida antipolítica en ese paisaje de clase media urbana, consumista, de cola de Frávega; pero también en ese masivo grito de inseguridad, tan desconcertante para toda mente progresista, hay algo anti-histórico: algo que dice “la muerte no tiene sentido”. Estamos congregados en una enorme reunión de consorcio de la clase media, aceptémoslo. “Batalla cultural” es su nombre. Una foto muda del 8-N llegando por Corrientes, borroneados sus carteles, entra en el muro del Facebook de 678. Y pregunta frente a esa realidad efectiva: ¿cuáles son los recursos de diálogo del gobierno con esa plaza? ¿Sus políticos progresistas, Martín Sabbatella, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto o Guillermo Moreno? No. Hay más oído atento del otro lado del Riachuelo, en la bruma del elenco pejotista, siempre más marginado. El progresismo no se habla con sus vecinos.
• • •
Cuenta siempre Mario Wainfeld un encuentro casual con Néstor Kirchner, siendo presidente, donde éste le muestra un “papelito” que saca del bolsillo, en el que llevaba anotados los números de ventiladores y splits vendidos un verano ardiente. Un día cualquiera de los primeros años del primer gobierno. Néstor deducía que “los enemigos” iban a odiar a un promotor del consumo popular. No se equivocó. Pero llevaba ese papelito, ese número en el bolsillo. Y esa representación: gente abasteciéndose de placer.
El 8-N, de algún modo figurado, podría ser resumido (siempre injustamente) a la marcha de los consumidores del split y el ventilador de techo. La marcha del millón de los que no tienen sus sentimientos en la política y sí en la economía o en la vida. ¿Quién se niega a representar eso en una democracia? ¿Quién dice que eso no es pueblo argentino? Eso que está ahí, eso que habla de un ignoto pasado de armonía, para los gustosos del populismo laclausiano: ahí también hay un confuso pueblo en disponibilidad de ser representado. Porque el 8-N no incubó un 9-N, un 10-N, es decir, los días de un futuro distinto. Llegó hasta ese límite de articulación de la bronca y ya a las diez de la noche había tocado su vacío. ¿Qué podía verse del 8-N como fondo crítico, como gesto girando en falso y mordiéndose la cola? Un montón de gente que se quiere sacar el Estado de encima pero que simultáneamente pide más Estado. Gente protagonista e impaciente, difícil para aceptar la moderación de la política cuando llegue la hora de la representación.
Los caceroleros pueden tener la agenda de Clarín pero no a Clarín en su agenda. No hay articulación orgánica entre el 8-N y el 7-D. Ninguno de los puntos de la protesta incluyó la “no desinversión” del Grupo Clarín. Es obvio que los manifestantes no tienen como prioridad la ley de medios, no infieren decisiva la contradicción “política versus corporaciones” y ven a un gobierno fuerte, con mayoría parlamentaria y que con ello podría sumar más poder. ¿Y qué podrían pensar los que reclaman por las instituciones acerca de las intromisiones judiciales del Grupo Clarín o sobre los detalles de la gestión en Papel Prensa? No lo sabemos. Quizás lo saben y no les alcanza.
Pero por más esfuerzo semiótico en definir “lo político” de las maniobras mediáticas de Clarín, aun así, en estas horas, también se revela la distancia entre lo expuesto y la política a secas. Eso que Clarín no es (un partido, aunque actúe como si lo fuera) en un contexto de extrema politización también es una condición, un límite. Puede influenciar la justicia, la política, la gente, hasta un punto. Las versiones sobre sus poderes desproporcionados, donde Clarín está antes y después de todo, su metástasis en el orden democrático, también merecen algún sensato matiz.
• • •
¿Pero qué pasó el 8-N? ¿Qué exigen muchos frente a una manifestación? ¿Qué protocolos se pueden violar cuando se pisa la calle? ¿Hay formas mejores y peores de la plaza? ¿Hay una “plaza calificada” por izquierda, así como por derecha existió durante mucho tiempo la fantasía del voto calificado? El múltiple rechazo kirchnerista al 8-N, visto en las redes sociales y en programas periodísticos, tiene un aliento a vieja ilustración de izquierda: ¿cómo (con cuánta densidad ideológica) se puede ocupar la plaza? Tanto 678 como los artesanos que con su cámara interpelaron a la manera de estudiantes de TEA a los manifestantes fueron al extremo en el arte de la repregunta a personas más bien incautas o no preparadas en el arte de la sobremesa política, las charlas en el café La Paz o los plenarios hasta las 3 am para discutir la posición del partido frente a la crisis egipcia.
La multitudinaria marcha del 8-N soportó el peaje simbólico de quienes detentan el monopolio del uso de la plaza: la izquierda social que juzga como insuficientes los usos de los caceroleros de 2012. Cada cacerolero –según esas crónicas- parecería tener que dar explicaciones exhaustivas sobre la letra chica de su reclamo: de qué trabaja, qué significa inseguridad, ¿cómo combatirías vos la inflación? Esta “exigencia” de ciudadanía frente a una marcha puede parecer el síntoma de un elitismo que en nombre de lo popular asume rasgos contradictorios incluso con el discurso con el cual rechaza el 8-N. Es decir: trata a los manifestantes como glotones del modelo, angurrientos o avaros que sólo deberían asumir públicamente las realidades de otros para “pisar la plaza”. Pero cuando lo hacen (lo dicen) son instados a ajustarse a su situación puntual. Veamos un ejemplo: un hombre dice que se manifiesta por la “inseguridad” y el corresponsal le repregunta “¿pero a usted le robaron?”.
• • •
Efecto 2001: una democratización de la calle, una politización de lo privado que es insoportable para los oídos que sólo quieren oír la maravillosa música del pueblo argentino en clave emancipadora, obrera, sindical o libertaria. Efecto 2001: lo privado que se hace público es mucho más privado que antes. La irrupción de la figura del ahorrista en el lejano 2001, incluso por sobre la del desocupado, abrió un tajo sobre los protocolos de la ocupación del espacio público. Lo abrió hacia una intimidad jamás descubierta, la supuración individualista. Algo que en las décadas del 70, del 80 y del 90 se sostuvo con la impronta de la disciplina y la cultura militantes.
Es cierto: contra los movimientos de desocupados y contra las manifestaciones sindicales históricamente muchos medios y reporteros desplegaron argumentos racistas de descalificación muy en sintonía con algo del clima 8-N. “Vienen por el plan, vienen por el chori, los trae el puntero”. En ese borde graso se mueve siempre un discurso que valoriza lo espontáneo por sobre lo organizado. Es el rechazo a la política como necesidad. Pero casi diez años de crecimiento económico contribuyen a un juicio: ahora la clase media es el hecho maldito del país peronista. Y no en un sentido contradictorio sino filiatorio. Incluso el 8-N tuvo su correlato político-sindical: el 20-N, el paro promovido por las alas más duras de las centrales sindicales, quienes expusieron no la realidad de los marginados sino el conflicto de quienes ingresaron a la 4ª categoría y pagan Ganancias.
Ese núcleo duro de agenda, sumado a la resistencia a la nueva ley de ART, entre otras cosas (corriendo a un costado el primer plano político del paro) es sintomático de la tensión cultural en la que un proyecto de Estado (aun progresista como el kirchnerista) se entiende más con los necesitados y con los intereses empresariales que con ese magma de salvados que quieren más. Pasado en limpio, el paro del 20 fue de los trabajadores calificados, de los que por nivel de ingreso golpean las puertas de la clase media: los hijos del modelo que quieren reencauzar al padre del modelo. Hay algo del 20-N que terminó de cerrar el 8-N. De sellar.
Veámoslo así: según una tranquilizadora división de roles, la clase baja expresa sus necesidades, la clase alta sus intereses y la clase media sus deseos. La idea de clase media saca de las casillas porque enseña un aspecto sordo: el de los que hablan por sus bolsillos y carecen de necesidades básicas insatisfechas o de intereses de clase puros y duros. A la larga el kirchnerismo se entiende más con la coya humilde del desierto que recibe su netbook o con el empresario industrial poderoso más que con un tal Chazarreta (el camionero que cobra más de 18 mil pesos) o el vecino de Caballito o Palermo que junta los dólares que puede y sueña los dólares que quiere. Pero no es por defecto sino por efecto de poder: los intereses y las necesidades se gestionan, pero no hay una paritaria de los deseos.
“¿Qué quieren estos, qué más?”, es la pregunta fastidiosa frente a la dignidad de los salarios y la ansiedad de los asalariados. Ese aspecto no lo contábamos: la gente es gente y quiere más. El obrero calificado o el cuentapropista son más libres. Y odian al recaudador de impuestos. Es un nativo de la anti-política porque conoce a la AFIP y odia a la AFIP. Y para él la política es una caja. Usan –en tal caso– un discurso de movilidad ascendente no partisano (dicen: “Todo es posible si te rompés el lomo y tenés buenas ideas”). Sin ser taxativo, algo del 8-N también quiere entrar en el horizonte simbólico de Cristina a partir de un discurso anclado en la movilidad social individual y en la idea de una vida “normal”. Había carteles que decían: “Queremos un país normal”. Una cita inconsciente o no al primer eslogan de Néstor Kirchner. El kirchnerismo gobernó como gobernó porque empezó en el 2003 escuchando todavía el temblor doméstico del teflón, esa amenaza de una clase tan indomable como inabarcable.
* Periodista y escritor.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
